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martes, 25 de junio de 2013

La confusión del personero 
Carlos Andrés Echeverry Restrepo 
Publicada el 25 de junio de 2013.

En nota de prensa publicada el 25 de junio en la versión electrónica del periódico La Tarde, se transcriben unas declaraciones ofrecidas por el Personero de Pereira, Néstor Javier Arango, en el marco de las supuestas irregularidades cometidas en el proceso contractual adelantado por la administración municipal -para la realización de obras de adecuación de la Torre de Control del aeropuerto Matecaña- con la firma ICSA (sociedad a la que se le atribuye el suministro de documentos falsos durante el proceso licitatorio).

 Sin ningún recato y con evidentes muestras de un profundo desconocimiento de la jurisdicción disciplinaria, el señor Néstor Javier Arango señaló que la posibilidad de imponer sanciones disciplinarias al representante legal de ICSA sólo procede “cuando la fiscalía dicta medida de aseguramiento en cabeza del representante legal y sólo mientras esta esté vigente”, el sustento legal de tamaña afirmación es, según el Personero, el Código Contencioso Administrativo. En resumen, para el señor Arango la Personería sólo puede ejercer su poder disciplinario cuando la Fiscalía dicte medida de aseguramiento en contra del representante de ICSA.

 En primer lugar, el Personero cita una norma que no contiene el apócrifo sustento que lo llevó a detener la actuación disciplinaria en el caso de ICSA. En el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) no aparece ninguna disposición que respalde la temeraria afirmación del señor Arango. Una actitud diligente y en procura de garantizar la efectividad de los principios de la función administrativa lo hubieran llevado a observar el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), norma base que contiene varias disposiciones relativas a la investigación disciplinaria contra particulares.

Por otro lado, tenemos que el señor Arango confunde dos jurisdicciones (disciplinaria y penal) las cuales deben operar en forma independiente y con observancia de normas especiales y aplicables a cada una de ellas. La investigación disciplinaria no puede depender de la realizada en el marco de un proceso penal, una cosa es observar el principio de colaboración armónica entre órganos y la otra es anular competencia de una entidad como la Personería al hacer depender sus investigaciones de lo actuado por la Fiscalía.

No sólo se ve lesionado el principio de separación del poder público con la decisión del señor Arango de mantener suspendida cualquier decisión contra ICSA, también se quebranta la confianza ciudadana en los organismos de control: nuevamente presenciamos que los actos que van en detrimento de los recursos públicos terminan en la más vergonzosa de las impunidades.

  Nota: Si desea consultar la declaración del personero, puede hacerlo en la siguiente dirección: http://www.latarde.com/noticias/pereira/116798-no-hay-sancion-para-icsa-por-aeromatecana

jueves, 28 de julio de 2011

Columna publicada en el periódico La Tarde el 29 de julio de 2011

Bienestar animal
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


Luego de recibir reportes sobre la desaparición de perros de la calle en distintos sectores de la ciudad donde se acostumbraba a verlos merodear, algunas personas comenzamos a utilizar las redes sociales (Facebook, Twitter) para denunciar la situación. En mi caso, escribí que era necesaria una investigación que diera con los responsables, así como una explicación pública por parte del alcalde y del Secretario de Salud sobre el por qué luego de difundir la noticia de la necesidad de suscribir un contrato para recoger y albergar a los perros, éstos extrañamente comenzaban a desaparecer. La noticia se difundió rápidamente y, como todo en Internet, la ausencia de confrontación de las fuentes llevó a la aparición de información que supuestamente daba cuenta de los responsables de los hechos, aún cuando no se tenían pruebas que permitieran establecer, con total certeza, la autoría de la cuestionada ‘limpieza canina’.

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jueves, 7 de julio de 2011

Columna publicada en el periódico La Tarde el 08 de julio de 2011

Socios, presiones y negocios turbios
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


Una de las consecuencias de la capitalización de la empresa de Energía de Pereira, ha sido la incertidumbre que ha rodeado todo el manejo al interior de la institución, nadie, ni siquiera el alcalde de la ciudad con asiento permanente en la Junta Directiva, le ha aclarado a la ciudadanía las diferentes irregularidades que hemos conocido por virtud de los medios de comunicación: La participación de los Nule en la composición accionaria, la compra obligatoria de energía a Enertolima, el pago de dineros a Alberto Ríos Velilla aún cuando estaba prohibido por una medida judicial, los autopréstamos y la intervención de Proyectar Valores en el escándalo, el misterio sobre el destino de los dineros recibidos por la capitalización, el anuncio del interés de William Vélez en adquirir una participación accionaria de la empresa, el supuesto carácter de ‘convidados de piedra’ de los representantes del municipio en la Junta Directiva de Energía, son sólo las puntas de un iceberg de corrupción y negligencia administrativa que desde hace unos meses comenzaron a surgir.

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viernes, 1 de julio de 2011

Columna publicada en el periódico La Tarde el 01 de julio de 2011

La convocatoria
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


El viernes 21 de enero de 2011, se publicó en la página de internet de la Universidad Tecnológica de Pereira una convocatoria para proveer cargos docentes en la Licenciatura de Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. Dentro del breve comunicado se informó que las hojas de vida y las propuestas académicas debían remitirse a un correo electrónico y, a su vez, se fijó como fecha límite para aplicar el lunes 24 de enero hasta el medio día, es decir, una jornada laboral de 8 horas de plazo para que los aspirantes tuvieran la oportunidad de participar. Adicionalmente, la convocatoria no fijó los criterios de evaluación, no informó los porcentajes a asignar a las hojas de vida y a la propuesta académica, no comentó la modalidad (tiempo completo, medio tiempo u hora cátedra) de los cargos a proveer y tampoco aclaró qué debía contener la mentada ‘propuesta académica’ para ser aceptada.

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viernes, 10 de junio de 2011

Columna publicada en el periódico La Tarde el 10 de junio de 2011

El vivo vive del…poder
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


Una de las disposiciones normativas de forzoso cumplimiento por parte de los alcaldes, es ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el recaudo de las obligaciones a favor del municipio, entre las cuales se encuentra el impuesto predial. Sin embargo, muchos mandatarios omiten realizar el cobro coactivo lo cual lleva a configurar la prescripción sobre las obligaciones fiscales, afectando así la consecución de valiosos recursos para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Aunque la pasividad en iniciar las acciones de cobro es, por sí misma reprochable, lo que termina siendo inaceptable es que el propio alcalde sea el primero en eludir sus obligaciones tributarias y que, además, se valga de su poder para beneficiarse del incumplimiento. Tal es el caso del señor Luis Fernando Cano, mandatario de La Virginia (Risaralda) durante dos períodos (1990 a 1992 y 2002 a 2005) y hoy nuevamente aspirante a la alcaldía de ese municipio.

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jueves, 2 de junio de 2011

Columna publicada en el periódico La Tarde el 03 de junio de 2011

Sin tradición de crueldad animal
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


El año anterior, la Corte Constitucional falló una acción pública de inconstitucionalidad que buscaba eliminar las excepciones contenidas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, las cuales permiten realizar ciertas actividades que implican maltrato hacia los animales sin que se generen sanciones administrativas a quienes las promueven. Mediante Sentencia C-666 de 2010, la Corte declaró la exequibilidad de la disposición demandada, pero impuso ciertos requerimientos para continuar autorizando esas prácticas consideradas como “culturales” ya que, en palabras del Alto Tribunal, evidentemente se presenta un déficit normativo en el deber de protección a la fauna y un privilegio desproporcionado hacia manifestaciones que implican un claro maltrato animal.

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jueves, 26 de mayo de 2011

Columna publicada en el periódico La Tarde el 27 de mayo de 2011

Rector eterno
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


Por estos días se discute en el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, un Proyecto de Acuerdo que busca modificar el Estatuto Docente con el fin de ampliar, en 10 años, la edad de retiro forzoso de los profesores que en esa institución laboran. Dentro de la exposición de motivos del documento se sostiene que por disposición legal expresa (artículo 19 de la Ley 344 de 1996) y por la existencia de una Sentencia de la Corte Constitucional (C-584 de 1997) se hace necesario extender a los 75 años la edad de retiro forzoso del personal docente, aspecto éste que la Secretaría General de la Universidad se negaba a reconocer hasta hace pocos días. No obstante, la Ley y la Providencia que el Proyecto de Acuerdo señala existen desde hace 15 años, lo cual hace dudar de la ‘loable’ finalidad del Consejo Superior.

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jueves, 19 de mayo de 2011

Columna publicada en el periódico La Tarde el 20 de mayo de 2011

La canción
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


Vamos a suponer que con lo recaudado por el pago de la tarifa del servicio de acueducto y alcantarillado, Aguas y Aguas puede contratar la producción de una canción destinada a difundir un mensaje de protección de los ríos. Igualmente vamos a suponer que esa canción la conoce toda la población ribereña y que, efectivamente, tuvo una enorme efectividad en cambiar la mentalidad de aquéllos que contaminaban las fuentes hídricas. Por último, vamos a suponer que el logro en la difusión del mensaje ambiental se tradujo en un éxito sin precedentes de la canción siendo difundida permanentemente en emisoras, cantada en diferentes conciertos y negociada para ser interpretada por cantantes de talla mundial. De acuerdo con lo anterior, si Aguas y Aguas le pagó todo lo que el cantautor pidió para componer el fonograma ¿cuánto le correspondería a la empresa, y por ende a los pereiranos, por la reproducción de ese tema musical? O dicho de otra forma ¿qué porcentaje sobre los derechos de la canción le corresponderían por pagar todo su proceso de composición y difusión?

La respuesta lógica y mayoritaria apuntaría a que la empresa tendría el 100% de los derechos de la composición, sin embargo, en contra de cualquier lógica, Aguas y Aguas nuevamente incurre en una ‘ligereza’ administrativa que lesiona los intereses de sus verdaderos dueños: los pereiranos. Veamos.

A través de un contrato de prestación de servicios, se encargó la composición de una canción para “la promoción de cuidado de los ríos y quebradas”, el valor se fijó en 14 millones de pesos y se dieron 30 días de plazo para su entrega. A la par, se suscribieron con otras personas dos contratos relacionados con la producción y postproducción de un video por un valor de $7`560.000 m/cte, y con el alquiler de amplificación, impresión de 1500 copias de CD, 800 copas de DVD y la presentación de la canción en 15 colegios por valor $6’560.000 m/cte. Pese a encargar y cancelar totalmente la composición, producción y postproducción, Aguas y Aguas sólo recibe el 10% de los derechos del fonograma, en franca contravía con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 (Derechos de Autor) que dice que cuando un autor, mediante contrato de prestación de servicios, elabore una obra según plan señalado por una persona jurídica, sólo recibirá los honorarios pactados en el respectivo contrato por cuanto todos los derechos los cede a la entidad contratante. En otras palabras, aparte de cancelar 28 millones de pesos, también cedimos el 90% de los derechos del tema musical que por ley nos correspondía. Si por alguna razón la canción es vendida a otras empresas de servicios públicos, o comienza a difundirse con éxito en diferentes medios, solamente recibiremos el 10% de los beneficios que ésta producirá, pese a que los usuarios del servicio la financiamos con el pago de la tarifa, o lo que es más absurdo, si Aguas y Aguas quiere en un futuro mediato difundir la composición por otros medios, deberá pedir autorización al cantautor y pagarle por ello.

Lo expuesto es otro de los resultados de la modalidad de contratación (directa e invitación privada) empleada en Aguas y Aguas. Cuando se invierten los recursos públicos a espaldas de los ciudadanos, se genera no sólo un gasto innecesario en objetos contractuales sin relación directa, prima facie, con el mejoramiento de la prestación del servicio, sino que se termina pasando por la faja disposiciones legales de obligatorio cumplimiento.

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Mayor información en Twitter buscando @kecheverry, en la página www.carlosecheverry.com, o en mi blog www.opinioncarlos.blogspot.com

Prueba documental

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Carlos Andrés Echeverry en "La W"

Saludos:

Quienes deseen escuchar la entrevista que me realizaron hoy, 19 de mayo de 2011, en la emisora "La W" a propósito de las irregularidades encontradas en el proceso de capitalización de la Empresa de Energía de Pereira, pueden visitar la siguiente página:

http://www.wradio.com.co/oir.aspx?id=1475157
Carlos Andrés Echeverry R.

Sígueme en Twitter: @kecheverry

viernes, 13 de mayo de 2011

Columna publicada en el periódico La Tarde el 13 de mayo de 2011


Sin Dios ni Ley
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


La autoridad y respeto que esta administración perdió en materia de control a la ocupación ilegal del espacio público, contrasta con el desmedido aumento de casos en los cuales se presentó una apropiación permanente de parques, andenes o antejardines. Son varios los casos que dan cuenta de la incapacidad de la División Operativa de Control Físico en suspender obras que se iniciaron sin licencia de construcción y en empezar procesos sancionatorios que terminaran en condenas ejemplares, tal omisión administrativa degeneró en la pérdida de espacio público ya que no fueron respetadas las franjas mínimas de retiro y, de contera, afectó la credibilidad institucional por cuanto el POT quedó reducido a un manual de buenas intenciones sin ninguna efectividad.

Un caso emblemático lo representa la construcción del Bulevar de la Sexta, ubicado en la calle 20 con carrera 6 al frente de la Clínica del Seguro Social, este complejo de locales se construyó sin contar con licencia de construcción y sin dejar los retiros mínimos en la carrera sexta. Pese a estar a menos de tres cuadras del Palacio municipal, los constructores no tuvieron ningún inconveniente en adelantar y concluir la edificación, apropiándose de una franja de retiro que por norma le pertenecía a la ciudad.

Otro caso lo encontramos en la calle 18 con carrera 10 esquina, en este sitio se construyeron varios locales sin contar con la autorización de la Curaduría y, además, obviaron entregar las respectivas áreas de retiro, al igual que Bulevar de la Sexta su cercanía con la alcaldía no fue motivo de intervención oportuna por parte de la División Operativa de Control Físico.

Por último, se destaca la edificación de dos locales en la Carrera 4 No. 18 -12. Tal como ocurrió con los dos casos anteriores, la obra se realizó sin tramitar la licencia de construcción y sin dejar el respectivo retiro para incorporar nuevas áreas al sistema de espacios públicos del municipio. Sobre este caso particular, la Personería Delegada en Asuntos Civiles de la Personería de Pereira elevó el pasado 09 de marzo, un derecho de petición al Director Operativo de Control Físico, Ernesto Castaño Eastman, para preguntar sobre las acciones iniciadas por la entidad a su cargo con el fin de solucionar el problema de la mentada construcción ilegal, sin embargo, un mes después, la Personería tuvo que oficiar nuevamente al señor Eastman por cuanto no respondieron la petición, tiempo que sirvió para dejar prácticamente culminados los locales de la zona céntrica. Si los requerimientos de la Personería no son atendidos por la administración de Israel Londoño ¿qué podemos esperar de las peticiones presentadas por los ciudadanos del común para preservar la integridad del espacio público?

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Un público mensaje para un tal ‘Steven H.’, para quien actúa en su nombre o para su patrono: No me dejo intimidar, no me asustan sus palabras insultantes con tono de amenaza y no me van a silenciar.

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Fotografías y Requerimientos enviados por la Personería

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jueves, 5 de mayo de 2011

Columna publicada en el periódico La Tarde el 06 de mayo de 2011

Agregar a mis amigos
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


Entre el 01 de noviembre de 2010 y el 31 de marzo de 2011, Aguas y Aguas suscribió 201 contratos, de los cuales solamente dos se adjudicaron por licitación pública mientras los 199 restantes se entregaron bajo las modalidades de invitación privada y directa. El 83% de los contratos son de prestación de servicios y algunos de ellos tienen objetos que ameritan una urgente explicación por parte de la gerente.

Por ejemplo, se destaca el contrato 113-2011 que se suscribió con José Edier Herrera Ballesteros, para asesorar y acompañar a “las directivas en la realización de trámites ante entes territoriales del orden nacional, departamental y municipal” por valor de 13 millones de pesos y por un tiempo de un (1) día. Con este primer contrato surgen dos interrogantes: ¿cuántos trámites ante entidades del orden nacional, departamental y municipal puede hacer una persona en un solo día? y ¿Qué tipo de trámites a realizar en un día ameritan una inversión de 13 millones de pesos?

También se cuestiona el contrato suscrito con Iluminaciones y Servicios S.A.S. para “el fomento de una cultura del agua mediante la promoción del cuidado de los ríos y las quebradas recuperadas por la empresa en el alumbrado 2010-2011” por valor de 80 millones de pesos y por un tiempo de 42 días, o la destinación de 10 millones de pesos para acondicionamiento físico deportivo en los centros médicos deportivos BODYTECH.

Se insiste en que la contratación ‘a dedo’ realizada por la gerente de Aguas y Aguas, avalada con lisonjas por todos los miembros de su Junta Directiva y consentida en silencio por algunos miembros de Sintraemsdes asociados a la dirigencia política tradicional local, afectan caros principios de la contratación pública como el de transparencia y economía, sin embargo, Irma Noreña ha hecho caso omiso a la presión pública y profundiza en un tipo de contratación que, a futuro, pondrá en riesgo la viabilidad financiera de la empresa. Otra amenaza presentada con la forma de adjudicación de los recursos de Aguas y Aguas es que terminen financiando campañas políticas, es decir, poner la onerosa carga a los usuarios de costear, con el dinero de las tarifas, campañas de personajes cercanos a los directivos de la empresa.

Como ejemplo se comenta el caso de Nora Oyola, ex mano derecha de Irma Noreña y hoy aspirante al Concejo de Pereira por el Partido Conservador. En los corrillos políticos se dice que en Aguas y Aguas hay contratos asignados a personas cercanas a la señora Oyola lo cual facilitaría su elección, y aunque es difícil probar la influencia de la candidata en la escogencia de ciertos contratistas, sí se presenta una extraña coincidencia fácilmente advertida en internet. Al buscar “Nora Oyola” en facebook, encontramos tres perfiles de la misma persona de los cuales interesa uno, cual es aquél donde aparece su foto con el símbolo del Partido Conservador encabezando su segundo apellido Cutiva y con la información de su aspiración al concejo. Al comparar los amigos de la candidata con el listado de contratistas suministrados por Aguas y Aguas, encontramos que 10 de ellos suscribieron, en los últimos 4 meses, contratos de prestación de servicios con la empresa por un valor de 265 millones de pesos. Aunque lo anterior no constituye prueba para afirmar una dirección de la contratación, sí permite preguntarnos el por qué tantos contratistas simpatizan con la candidatura de Oyola, o el por qué Irma Noreña se decanta específicamente por sus servicios.

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lunes, 18 de abril de 2011

Sentencia de la Corte Constitucional sobre el maltrato animal

Cordial saludo:

Quienes estén interesados en leer la Sentencia de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad condicionada del artículo 7 del Estatuto de Protección Animal, también concocida como la Sentencia de las 'corridas de toros', pueden ingresar a la siguiente dirección:


http://www.carlosecheverry.com/images/pruebas/c-666-10.pdf

jueves, 14 de abril de 2011

Columna publicada en el periódico La Tarde el 15 de abril de 2011

La otra empresa de los Nule
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


Al tiempo que comenzaron a develarse los episodios de corrupción generados por la participación de las empresas del grupo Nule en diferentes contratos con el Estado, personas que en algún momento tuvieron algún tipo de relación con los hoy denostados contratistas también empezaron a negar cualquier vínculo con sus empresas o negocios. Un ejemplo lo encontramos en el reciente afán del alcalde Israel Londoño en rechazar las versiones que le atribuyen una participación accionaria en la Empresa de Energía de Pereira a miembros del grupo Nule, intentona que busca alejar la discusión, en época electoral, de la probable intervención de Energía por parte de los acreedores que hoy persiguen los bienes de los sucreños. Sin embargo, al comparar los recientes comunicados oficiales con anteriores declaraciones del alcalde, nos encontramos con una serie de contradicciones que complican mucho más el panorama financiero de la empresa pereirana. Veamos.

El 05 de octubre de 2010, el periódico La Tarde publicó un comunicado de prensa de la alcaldía donde textualmente se decía que “para el Municipio de Pereira es claro que el accionista de la Empresa de Energía de Pereira es la sociedad Enertolima Inversiones S.A (ENINSA) y no los señores Nule”, seis meses después y aprovechando la visita del Superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez Cabrera, la administración municipal envió un nuevo boletín en el cual asegura que “los Nule no forman parte de la Empresa de Energía de Pereira”. No obstante, ninguno de los dos comunicados resulta creíble si los comparamos con lo dicho por la misma fuente unos meses atrás.

En diciembre 24 de 2009 el alcalde fue entrevistado en el programa radial La W para aclarar las versiones sobre una supuesta descapitalización de Energía, luego que Julio Sánchez Cristo le preguntara sobre la intención del grupo Nule de retirar dinero de la empresa, Israel Londoño contestó que “(…) hace año y medio hicimos sociedad con el grupo Enertolima del cual, efectivamente como usted dice, hacen parte Alberto Ríos, Manuel Nule y no recuerdo que otro grupo de socios”. Ya finalizando la grabación, el alcalde reitera la condición de socio de Manuel Nule en la empresa de servicios públicos de Pereira: “Hace poco que uno de los socios de Enertolima, Manuel Nule, estaba como interesado en vender su parte, es más, yo le dije a mi miembro (sic) de junta de La Promotora, el doctor Gabriel Viveros, se lo dije antier, le dije ¡Hombre! Que bueno uno darse cuenta para que internamente, en la sociedad, donde estamos la Empresa de Energía de Pereira y Enertolima pudiese plantearse una posibilidad, digamos, en este caso de que la Empresa de Energía de Pereira de comprar esa parte accionaria del otro socio”.

De su propia boca concluimos que el alcalde sí sabía, desde el inicio de la capitalización, que los Nule tendrían participación accionaria en la Empresa de Energía de Pereira a través de Enertolima. Si efectivamente esas acciones aún se encuentran a nombre de Manuel Nule, sus acreedores no dudarán en perseguirlas afectando así el futuro financiero de nuestra empresa.

***
Se recomienda escuchar los siguientes apartes de la grabación: En el minuto 2:10 Julio Sánchez pregunta sobre la intención del grupo Nule en retirar dineros de Energía, en el minuto 3:08 Israel Londoño acepta que el grupo Nule es socio de la Empresa de Energía, y en el minuto 6:07 El alcalde vuelve y afirma que Manuel Nule es socio de la Empresa y da a conocer la disposición de vender su parte accionaria.

Grabación de Israel (click en 'play', esperar que cargue el audio, sino se escucha luego de cargar dar click en 'stop' y nuevamente click en 'play')

Ir a descargar

Grabación de Israel en la emisora La W

Si tiene problemas para escuchar la grabación desde este blog, por favor visite la siguiente página:

http://www.ivoox.com/israel-nule-audios-mp3_rf_616439_1.html

Comunicado de la alcaldía de abril de 2011 en el cual se niega la relación entre Los Nule y Energía de Pereira

Para ver el comunicado por favor ingrese a la siguiente página:

http://www.carlosecheverry.com/images/pruebas/comunicadoabril2011.pdf

Comunicado de la alcaldía de 2010 en el cual se niega la relación entre Los Nule y Energía de Pereira

Para ver el comunicado ingrese a la página siguiente:

http://www.carlosecheverry.com/images/pruebas/comunicado2010.pdf

viernes, 18 de marzo de 2011

Columna publicada el 18 de marzo de 2011 en el periódico La Tarde

El lote 19
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


A comienzos del mes de febrero del presente año, la Empresa Aguas y Aguas de Pereira publicó, en el periódico El Tiempo, una convocatoria para la venta de varios inmuebles de su propiedad, entre los cuales se encuentra una extensión de terreno de 12.202 m2 llamado “Finca El Tejar Lote 19” ubicado en la Parcelación El Palomar, en el exclusivo sector de Cerritos, al cual se le asignó un precio base de $ 573.494.000 m/cte. A primera vista el proceso de recepción y selección de las mejores ofertas para la compraventa del lote 19 se encuentra ajustado a los términos de Ley, sin embargo, una revisión minuciosa de su tradición da cuenta de irregularidades que comprometen el manejo decoroso de un patrimonio público. Veamos.

A través de la Escritura Pública 4822 de diciembre 28 de 2006 otorgada por la Notaría Tercera, el alcalde de entonces permutó varios inmuebles de propiedad del municipio, entre los cuales se encontraba la “Finca El Tejar Lote 19”, a la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira, a Aguas y Aguas y a la Empresa de Aseo de Pereira, con el fin de que éstas le entregaran un lote de terreno de 5.133 metros cuadrados ubicado en la carrera 11 con calle 16 que les había sido legado, bajo la figura de cesión a título gratuito, por parte de las antiguas Empresas Públicas de Pereira.

La permuta se realizó sin contratiempos y según consta en la cláusula quinta de la Escritura 4822 de 2006, el municipio le transfirió a la Empresa Aguas y Aguas el 80.3% del lote 19, y el restante 19.7% lo mantuvo bajo su dominio. Nueve meses después, mediante Escritura No. 2568 del 22 de septiembre de 2007, se protocolizó ante el Notario Sexto de Pereira otra permuta entre el municipio y Aguas y Aguas, en la que la gerente le entrega al alcalde un local comercial de 26 m2 ubicado en el edificio Diario del Otún y éste le transfiere un 0.06% adicional de terreno del lote 19 de la Finca El Tejar, reduciendo así su participación en el inmueble a 19.1%.

Ahora bien, como se mencionaba al inicio de esta columna, el 11 de febrero de 2011 se hizo una oferta pública de venta del predio de ‘El Tejar’, constando en el aviso que la propiedad tiene un área total de 12.202 m2, es decir, Aguas está vendiendo el 100% del terreno, incluyendo el 19.1% que aún corresponde al municipio, sin que exista un acto por medio del cual éste último le haya transferido la totalidad de su participación en el lote. No se le aclaró a los interesados que no todo el inmueble en venta pertenece a Aguas y Aguas y tampoco se informó, en el aviso publicado en prensa nacional, que el municipio de Pereira cuenta con el 19.1% de los terrenos ofertados. No sobra entonces preguntar: ¿Por qué la empresa de servicios públicos se toma la atribución de vender terrenos que no son suyos? y ¿Por qué el alcalde Israel Londoño no ha salido a defender unos terrenos que le pertenecen a todos los pereiranos?

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Convocatoria publicada en El Tiempo

Lote 19 Certificado de Tradición (1)

Lote 19 Certificado de Tradición (2)

Lote 19 Escritura 2568 de 2007 (1)

Lote 19 Escritura 2568 de 2007 (2)

Lote 19 Escritura 2568 de 2007 (3)

Lote 19 Escritura 4822 de 2006 (1)

Lote 19 Escritura 4822 de 2006 (2)

Lote 19 Escritura 4822 de 2006 (3)

Lote 19 Escritura 4822 de 2006 (4)

jueves, 24 de febrero de 2011

Columna publicada el 25 de febrero de 2011 en el periódico La Tarde

GESEP IV (Otros socios y los contratos)
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


El 16 de febrero de 2007, durante la segunda administración de Juan Manuel Arango Vélez, el señor Jorge Eduardo Murillo en su calidad de gerente de la Empresa de Aseo, suscribió contrato de operación del servicio público de aseo en el municipio de Pereira con Atesa de Occidente por una vigencia de 20 años. El representante legal de Atesa que celebró el acuerdo de marras era, en ese momento, el señor Armando Gutiérrez Castro, individuo que en el año 2008 se desempeñó como representante legal de URBES S.A. (socio comanditario de GESEP). Resulta extraño que el beneficiario del contrato de la prestación de aseo en el municipio de Pereira se asocie, un año después, con la entidad que le entregó por dos décadas un negocio rentable, para formar una empresa de papel (GESEP) con el fin de seguir enriqueciendo las arcas de URBES y las de sus otros socios.

Infortunadamente, para esta columna no podré explicar la non santa y estrecha relación entre la Estación de Gasolina Los Písamos del Café (socia de GESEP) y un cuestionado funcionario de un organismo de control ambiental de Risaralda por cuanto, desde hace varias semanas, esperamos la respuesta -en segunda instancia- de la apelación de una tutela contra GESEP por negarse a entregar valiosa información que permitiría establecer el vínculo. No obstante, sigue causando confusión que una estación de gasolina en liquidación forme parte de una sociedad cuyo objeto está relacionado directamente con la prestación de servicios públicos domiciliarios.

Por otro lado, una de las ventajas que tienen los accionistas de GESEP es que la sociedad con la Empresa de Aseo de Pereira les permite acudir al contrato interadministrativo, figura perteneciente a la especie de la contratación directa que según el literal “C” del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, permite eludir la regla general de la contratación estatal cual es la licitación pública. Tenemos varios ejemplos: Contrato Interadministrativo 546 del 16 de septiembre de 2009 celebrado entre el alcalde de Roldanillo (Valle) y GESEP para “la repotenciación del alumbrado público para las redes mixtas y exclusivas con suministro de artículos eléctricos (…)” por valor de 250 millones de pesos. Contrato interadministrativo 986 del 14 de diciembre de 2010, suscrito entre CARDER y GESEP para la “interventoría Técnica de la construcción de obras de estabilización (…) en Dosquebradas” por 102 millones. Contrato Interadministrativo CARDER y GESEP del 29 de diciembre de 2010 para “la recuperación de suelos afectados por procesos erosivos y/o saneamiento básico (…) en Santuario, Apía, Belén, La Celia, Santa Rosa de Cabal, La Virginia y Marsella” por 270 millones. Contrato Interadministrativo 362 del 27 de agosto de 2008 suscrito entre CARDER y GESEP para “el suministro e instalación de sistemas sépticos (…) en Pereira” por 220 millones. Contrato Interadministrativo 682 del 23 de diciembre de 2008 entre CARDER y GESEP para la “construcción de obras de estabilización de la margen izquierda del río Consota (…)” por 330 millones. Contrato Interadministrativo 834 entre CARDER y GESEP para “aunar esfuerzos para la ejecución de obras de recuperación de drenajes urbanos (…) en La Virginia” por 119 millones de pesos. Contrato Interadministrativo 324 del 05 de junio de 2009 entre CARDER y GESEP por 155 millones para el “diagnóstico y diseño de obras para el control de inundaciones en el tramo urbano del municipio de La Virginia y el corregimiento de Caimalito (…)”.

Mención aparte merece el caso de Sevilla (Valle). Mediante Acuerdo 30 de 2008 expedido por el Concejo de ese municipio, se disolvió la empresa de Servicios Públicos para crear, mediante la Escritura No. 342 del 30 de junio de 2009 de la Notaría Primera, la Impulsadora del Desarrollo Armónico de Sevilla (IDEAS), nueva empresa de servicios públicos conformada por el municipio de Sevilla, por la Unidad Técnica de Profesionales de Sevilla –UNITEPS- (establecimiento educativo inactivo desde el año 2001) y por la Unión Temporal ASE, esta última constituida por GESEP S.A. y URBES S.A. (también accionista de GESEP).

El gran pecado de la Empresa de Aseo de Pereira fue prestar su nombre para asociarse con cuestionados personajes con el fin de enriquecerlos vía contratos interadministrativos y concesiones de alumbrados públicos. Socios que aportaron cien mil pesos para conformar a GESEP hoy en día disfrutan porcentajes de utilidad sobre su mínima inversión que ni siquiera el extraditado David Murcia Guzmán hubiese soñado con su DMG. En definitiva eso es GESEP, una pirámide de papel construida con el ‘good will’ de una entidad pública para el logro de dos propósitos: evadir los procedimientos públicos de selección de contratistas que contempla la Ley y acaparar las concesiones de servicios públicos en pequeños municipios del país, donde el control político, fiscal o disciplinario es laxo y susceptible de ser sobornado con facilidad.

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Vínculos para otros contratos sucritos por GESEP

http://www.carlosecheverry.com/images/pruebas/cardergesep2.pdf


http://www.carlosecheverry.com/images/pruebas/cardergesep3.pdf


http://www.carlosecheverry.com/images/pruebas/roldanillo.pdf

Aparte del contrato interadministrativo 682 CARDER-GESEP

Aparte del contrato interadministrativo 324 CARDER-GESEP

Aparte del contrato interadministrativo 834 CARDER-GESEP

Aparte del contrato interadministrativo 362 CARDER-GESEP

jueves, 17 de febrero de 2011

Columna publicada el 18 de febrero de 2011 en el periódico La Tarde

GESEP III (los socios de Cali)
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


Los miembros de la familia Vargas Díaz: Jairo Martín, Juan Carlos y Jaime, con un aporte de quinientos mil pesos, entraron a formar parte de GESEP S.A. E.S.P. y, de contera, comenzaron a recibir los beneficios derivados de los millonarios contratos suscritos por esa organización con distintas entidades públicas. El trío Vargas es la cuota del Valle del Cauca en GESEP y tal como los miembros del Tolima tampoco están exentos de serios cuestionamientos, especialmente por sus cuantiosos negocios en Córdoba. Veamos.

Jairo Martín Vargas Díaz es señalado por el diario El País de Cali como uno de los miembros del carrusel de la contratación del Valle, integrado por 10 contratistas que eluden la mirada pública resguardándose en uniones temporales. Tiene el 2% de la contratación de Cali y el 4% de las obras civiles del departamento del Valle, lo cual suma poco más de tres mil millones de pesos. Adicionalmente, Jairo Martín es el representante legal de OPSA S.A. E.S.P. una empresa que tiene la concesión del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Planeta Rica (Córdoba). Se cuestiona a OPSA por el aumento desmedido de las tarifas -las cuales sobrepasan el 40% desde su entrada en operación- la mala calidad del agua, la suspensión continua del servicio, y por el deterioro vial causado a las vías de Planeta Rica por cuanto realiza obras pero no hace el respectivo reparcheo.

El otro Vargas Díaz, Juan Carlos, también tiene intereses en Córdoba, específicamente en Cereté, San Carlos y Ciénaga de Oro. A través de la empresa CORASEO S.A. E.S.P. de la cual es su representante legal, Juan Carlos Vargas ha sido beneficiario de la concesión del servicio público de aseo en las localidades citadas. Las denuncias sobre la pésima prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos han acompañado a CORASEO desde sus inicios, al punto que en diciembre de 2008 se tuviera que declarar la emergencia sanitaria y ambiental en Cereté por la acumulación de basuras en vías y andenes. El 06 de febrero de 2011 el periódico El Heraldo informó que en los municipios de Ciénaga de Oro y San Carlos, el carro de CORASEO llevaba 15 días sin recolectar los residuos, los cuales terminaron como ‘adorno’ en las plazas y en los registros de aguas lluvias. Juan Carlos Vargas Díaz también es gerente de la Unión Temporal Alumbrado Público, empresa con la concesión de ese servicio en Dagua (Valle) y que, según denuncias de la personería de ese municipio, ha incrementado la tarifa en 8.000%, se citan casos de usuarios que antes pagaban 489 pesos al mes por concepto de alumbrado y luego de llegar la empresa de Vargas Díaz terminaron con cuentas de $ 39.300 por mes.

Por último, Jaime Vargas Díaz es representante legal de UNIAGUAS S.A. E.S.P. cuyo objeto es la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado en los municipios de Sahagún, San Carlos, Ciénaga de Oro y Cereté, la coincidencia familiar se extiende a los últimos tres municipios ya que el servicio de aseo en éstos lo presta Juan Carlos Vargas Díaz a través de CORASEO S.A. E.S.P. También se destaca la participación accionaria de Jaime Vargas en la empresa Alumbrado Público Chigorodó S.A. E.S.P.

Por mi parte yo sigo preguntando: ¿Por qué Juan Manuel Arango permitió que la Empresa de Aseo de Pereira se asociara con personas cuestionadas por sus negocios en Tolima, Valle y Córdoba? ¿No había nadie en Pereira que pudiera ofrecer un mejor trato, y un pasado más transparente, para asociarse con la Empresa de Aseo? ¿Nadie en Pereira sabía quiénes eran los Charry Alcalá o los Vargas Díaz?

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En la próxima entrega hablaré de los socios de Pereira y de los contratos de GESEP.

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Información sobre los Vargas Díaz

http://www.carlosecheverry.com/images/pruebas/vargas.pdf



http://www.carlosecheverry.com/images/pruebas/uniaguas.pdf

jueves, 10 de febrero de 2011

Columna publicada el 11 de febrero de 2011 en el periódico La Tarde

GESEP II (Los socios del Tolima)
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO

Uno de los socios de GESEP es la empresa tolimense ODEAL S.A., representada legalmente por Germán Charry Alcalá, también socio fundador de GESEP y hombre cercano a las huestes del ex Representante a la Cámara por el Tolima Pompilio Avendaño, político ligado a escándalos por presuntos vínculos con grupos paramilitares del Tolima (cargo del que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia) y por el supuesto manejo tras bambalinas que ha dado a la Caja de Compensación del Tolima –Comfatolima.

El 30 de octubre de 2006 la empresa ODEAL S.A. fue beneficiaria, bajo la figura de ‘arrendamiento’, de la infraestructura del acueducto del municipio de Rovira (Tolima). El acuerdo pactado entre el alcalde y ODEAL S.A. incluyó el uso de un canal abierto con extensión de 5 km por donde pasan las aguas del río Luisa, así como la entrega de una planta eléctrica en desuso y de un predio con una extensión de una hectárea. El ‘arriendo’ fue pactado a 30 años y el precio por esas tres décadas de utilización del río y de la infraestructura del acueducto se tasó en 9 millones de pesos (trescientos mil pesos anuales). Posteriormente, ODEAL S.A. cedió el contrato de arrendamiento a la empresa pereirana ENERLIM S.A. cuyo representante legal es Carlos González Serna (socio y gerente general de GESEP S.A.)

El señor Charry Alcalá también es representante legal de la unión Temporal Procesos Técnicos, organización conformada por COIN (cooperativa que tiene su sede en un salón de belleza de Bogotá, según información de la Superintendencia de Economía Solidaria) y por la firma P y G S.A. (representada por el mismo Germán Charry y también socia de GESEP S.A.). La Unión Temporal Procesos Técnicos fue objeto de señalamientos en agosto de 2010 por ser beneficaria de un contrato por más de 5 mil millones de pesos adjudicado por el IBAL (Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado E.S.P.) para la contratación de 300 cargos en calidad de empleos temporales en la empresa de acueducto de Ibagué, las críticas estuvieron orientadas a cuestionar la solvencia económica de Procesos Técnicos.

Junto con otras dos personas, Germán Charry Alcalá constituyó, en el año 2000, una empresa de papel denominada ESPUMA S.A., tal organización convenció a la administración del municipio de Mariquita (Tolima) de entregarle, por 10 años, la infraestructura de las redes de acueducto y alcantarillado del municipio (valorada en cerca de 13.000 millones de pesos) así como su operación. La concesión se vencía el año anterior, sin embargo ESPUMA S.A. logró la ampliación indefinida del manejo de la red de suministro de agua potable con la promesa de que iba a gestionar un crédito por 2.000 millones de pesos ante el FINDETER para la mejora de la red y el servicio. Mensualmente ESPUMA S.A. factura 240 millones de pesos por la operación de la red y la encargada de la facturación de los servicios es la firma URBES S.A., otra de las empresas de Germán Charry Alcalá que, a su vez, también es socia fundadora de GESEP S.A.

Por último, vale la pena preguntar: ¿Qué relación tiene Juan Manuel Arango Vélez con los dueños de las empresas de Tolima que hacen parte de GESEP? y ¿Por qué la Empresa de Aseo de Pereira decidió participar en una sociedad (GESEP) con personas del Tolima, seriamente cuestionadas por la apropiación de empresas de servicios públicos a través de la creación de organizaciones de papel?

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Páginas que tienen información sobre algunos socios de GESEP

http://www.regionaldia.com/?p=543


http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4890694


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GeepK1F4PGIJ:www.elnuevodia.com.co/nuevodia/inicio/archivo/31324-procuraduria-nunca-se-pronuncio-acerca-de-licitacion-en-ibal.html+procuradur%C3%ADa+nunca+se+pronunci%C3%B3+acerca+de+licitaci%C3%B3n+ibal&cd=1&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com

jueves, 3 de febrero de 2011

Columna publicada el 04 de febrero de 2011 en el periódico La Tarde

GESEP (Primera entrega: la sociedad)
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


El 21 de diciembre de 2007, a 10 días de finalizar la segunda administración de Juan Manuel Arango Vélez, se constituyó la sociedad comercial mixta en comandita por acciones GESEP S.C.A. El documento privado de constitución de GESEP muestra a la Empresa de Aseo de Pereira, en cabeza de María Elena Taborda Alayón, asociada con cuestionados personajes, familias de contratistas y oscuras organizaciones, la mayoría de ellos del Tolima y del Valle, como los socios de una empresa de papel que hoy cuenta con multimillonarios contratos en distintas entidades públicas de la región y el país. Esta columna inicia una serie de varias entregas que pretenden develar un poco el complejo intrincado que ha llevado a comprometer millonarios recursos públicos y a cuestionar el papel que juegan las entidades oficiales en el enriquecimiento de particulares a través de la intermediación de contratos respaldada, a su vez, por el good will de una empresa pública como lo es Aseo de Pereira.

Dentro de las actividades planteadas en el objeto social de GESEP se consignaron aquellas relacionadas con la prestación de servicios energéticos, la operación o concesión de alumbrados públicos, asesorías relacionadas con servicios públicos, construcción de obras civiles, la compraventa de insumos necesarios para la prestación de servicios públicos, la gestión de proyectos para las entidades territoriales con cargo a fondos nacionales o internacionales, el montaje de sistemas de seguridad ciudadana y la prestación, mediante diferentes modalidades de asociación, de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios. El domicilio de la sociedad fue fijado en Pereira y su duración se pactó a 30 años. Pese al monto de los contratos que GESEP ha suscrito (de los cuales trataré en las próximas entregas) la sociedad fue creada con un pírrico capital de 10 millones de pesos, de los cuales la Empresa de Aseo de Pereira aportó $ 5.100.000 m/cte -quedando así como el socio mayoritario- y el resto de recursos fue aportado por los demás socios de la siguiente manera: URBES S.A. con $ 1.400.000 m/cte, Milton Charry Alcalá (quien se ha desempeñado como representante legal de URBES S.A) con cien mil pesos, la sociedad P y G S.A. (cuyo subgerente es Germán Charry Alcalá, familiar de Milton Charry Alcalá) con trescientos mil pesos, ODEAL S.A. con $ 2.500.000 m/cte, Jairo Martín Vargas Díaz con cien mil pesos, Juan Carlos Vargas Díaz con doscientos mil pesos, Jaime Vargas Díaz con doscientos mil pesos y Carlos González Serna con cien mil pesos.

Pese a que la Empresa de Aseo era la socia mayoritaria, se designó como gerente general a Carlos González Serna y como suplentes a Juan Carlos Vargas y a Milton Charry. Otro asunto que llama la atención es que en el momento de protocolizar el documento privado de constitución de GESEP, a excepción de la gerente de la empresa de Aseo de Pereira, no se encontraba ninguno de los otros socios en la ciudad de Pereira (supuestamente domicilio principal de la sociedad), el documento fue suscrito por María Elena Taborda y enviado a Ibagué (Notarías Cuarta y Sexta) y Cali (Notarías 13 y 22) para que en esos municipios fueran protocolizadas las firmas de los ausentes.

Posteriormente, el 05 de agosto de 2008, las sociedades ODEAL S.A., URBES S.A., P y G S.A. y el señor Milton Charry Alcalá, cedieron parte de su porcentaje en GESEP a nuevos miembros como Alonso Parra Orozco representante legal de la estación de gasolina Los Písamos del Café (en este momento en liquidación), Hernán Roberto Meneses Marín y a Harry Milwer Zicer representante legal de las firmas CELSA S.A. y SATURDE S.A. De las muchas preguntas que surgirán sobre el tema de GESEP podemos comenzar por formular una, que espero responder más adelante: ¿Qué tiene que ver una estación de gasolina con la prestación de servicios públicos domiciliarios o la gestión de alumbrado público?

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Documento privado (1) de reforma a la sociedad GESEP

Documento privado (2) de reforma a la sociedad GESEP

Documento privado (3) de reforma a la sociedad GESEP

Certificado (1) de Existencia y Representación Legal de GESEP

Certificado (2) de Existencia y Representación Legal de GESEP

Certificado (3) de Existencia y Representación Legal de GESEP

Certificado (4) de Existencia y Representación Legal de GESEP

jueves, 27 de enero de 2011

Columna publicada el 28 de enero de 2011 en el periódico La Tarde

La audiencia
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


Hoy se llevará a cabo una audiencia pública convocada por la Contraloría de Pereira con el fin de discutir los impactos ambientales generados por el relleno sanitario La Glorita ubicado en el corregimiento de Combia. Luego de 16 años de operación, la comunidad aledaña a la infraestructura donde se disponen los residuos sólidos de 17 municipios, sigue sin recibir soluciones definitivas a impactos ambientales que han llevado a la vulneración de derechos colectivos como los del medio ambiente sano y la salubridad pública, o de derechos fundamentales como la intimidad -en tratándose del tema de olores.

Honestamente soy pesimista con los resultados de la audiencia, por un lado estamos en la recta final de una administración que no ha demostrado compromiso alguno para atender las reiteradas quejas de la comunidad (v.gr. generación de olores, manejo de lixiviados en vehículos recolectores, pérdida de valor de las propiedades circundantes, afectación de actividades económicas como la producción lechera, el control de gallinazos y vectores, etc.) por otro tenemos la ausencia de controles efectivos al operador, Atesa de Occidente, quien sabe que sanciones como el cierre temporal o definitivo no se darían por ser el único sitio de disposición final de residuos en el departamento.

A los impactos generados por el relleno se deben agregar los producidos por la porcícola San Antonio, Biorgánicos del Otún y por una empresa llamada ICSA, la cual viene recolectando, transportando y disponiendo lodos domésticos y comerciales en el sector. Infortunadamente, el tratamiento dado a la zona en el Plan de Ordenamiento Territorial la volvió sitio propicio para instalar empresas altamente impactantes sobre el ambiente o, en otras palabras, la convirtió en el sumidero de la región.

La CARDER, y el mismo Concejo municipal como autoridades ambientales con competencia, han obviado durante tres lustros expedir normas tendientes a prohibir la ubicación de actividades económicas con impactos relacionados con la generación de olores o el manejo de residuos, al tiempo que han evitado discutir la ubicación de una nueva propiedad que, respondiendo a criterios técnicos y ambientales rigurosos, pueda atender la futura demanda de disposición final de residuos. La vida útil de La Glorita no superará los 10 años, sin embargo, el Concejo parece más preocupado en debatir si se le debían entregar los premios a una Señorita Pereira que no es de estas tierras, o en expedir actos administrativos para decretar como persona no grata a un árbitro de fútbol, que en estudiar la ubicación de un nuevo relleno sanitario.

Por ahora resta confiar en el poder judicial la esperanza de mitigar los incómodos impactos sufridos por los vecinos de Combia, acciones populares y acciones de grupo parecen ser las únicas alternativas a la desidia administrativa que tiene postrada a una comunidad que también hace parte de esta ciudad, la otras solución es que Carlos Enrique Soto o César Castillo compren propiedades cerca al relleno para obligar a su segundo al mando a tomar medidas definitivas.

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Oficio (1) de respuesta de la CARDER explicando la actividad de ICSA

Oficio (2) de respuesta de la CARDER explicando la actividad de ICSA

jueves, 20 de enero de 2011

Columna publicada el 21 de enero de 2010 en el periódico La Tarde

CAR
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


Al momento de enviar esta columna al periódico para su publicación, aún se discutía un borrador de Decreto que, amparado en la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, buscaba suprimir y liquidar las 35 Corporaciones Autónomas Regionales –CAR- existentes y crear 17 nuevas con una jurisdicción circunscrita a las principales cuencas hidrográficas del país. Supuestamente se corrige un problema de “jurisdicción y competencia” de las CAR, la delimitación actual por departamentos no permitió una respuesta adecuada al desastre invernal porque no se atendió el carácter de ecosistema de las cuencas afectadas con las precipitaciones. Desde lo técnico la justificación parece razonable, sin embargo se cuestiona la legalidad del Decreto porque como bien lo señala el senador Robledo, los hechos que sustentaron la declaratoria de emergencia fueron previsibles y no sobrevinientes o inesperados, lo cual anulaba la posibilidad de realizar por vía del estado de excepción profundas reformas administrativas que le corresponden exclusivamente al Congreso de la República. Por otro lado, el proyecto de Decreto en discusión trata aspectos que no eran de su resorte como la modificación del texto constitucional a través de la supresión y liquidación de la Corporación Autónoma Regional de Magdalena (CORPOMAG), entidad creada conforme a lo dispuesto en el artículo 331 de la Constitución Política. El texto también consagra temas polémicos que seguramente afectarán la gestión ambiental en algunos municipios del país. Veamos.

Uno sería la fragmentación de la gestión ambiental, por ejemplo, Santuario estaría en la jurisdicción de tres nuevas CAR (la del Alto Cauca, la del Cauca Medio y la del Pacífico), Mistrató también con tres Corporaciones (Cauca Medio, Pacífico y Atrato), Santa Rosa de Cabal sería controlada por dos CAR al igual que Apía, Balboa, Belén, La Virginia y Pueblo Rico. Si se le dificulta a un alcalde de un municipio ubicado en sexta categoría obtener recursos con una sola Corporación, el acudir a tres lo dejaría en una posición vulnerable. También se volvería compleja la revisión de los temas ambientales que componen los Planes de Ordenamiento Territorial, por cuanto dos o más Corporaciones podrían conceptuar en forma distinta sobre lo decidido por los Concejos municipales. Ni qué decir de la incidencia que en las nuevas CAR tendrían municipios como los de Risaralda frente a otros del Valle, de Antioquia, o Caldas -entidades territoriales con mayor incidencia política a nivel nacional- el resultado será una menor atención a sus necesidades ambientales.

Otro asunto polémico es la conformación de los Consejos Directivos de las nuevas Corporaciones. Se pretende eliminar la representación de los gremios y de las ONG y se reduce a dos la participación de los alcaldes en estas instancias, pese a que el número de municipios de distintos departamentos en jurisdicción de las CAR aumentará. Lo cuestionable es que quien elegirá a los alcaldes para integrar los Consejos Directivos será la Federación Colombiana de Municipios, gremio que no aglutina a todos los municipios del país. En los estatutos de la Federación dirigida por Gilberto Toro se estipula que sólo aquellas entidades territoriales afiliadas a la organización y a paz y salvo con ésta, podrán “elegir y ser elegidos” en organismos institucionales, esto excluiría a ciudades como Bogotá, Cartagena y Medellín de participar en los respectivos Consejos Directivos de las nuevas CAR por estar retiradas de esa Federación, o a los municipios con deudas pendientes con ésta. En resumen, en las nuevas CAR no se le daría participación a los municipios como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, sino a una organización gremial con intereses distintos.

Por último, la reforma propuesta a las CAR arremete contra los derechos laborales de los trabajadores. Aunque se deja la posibilidad de reubicar a algunos funcionarios en las nuevas sedes (v.gr. Cali) esto traería consecuencias desfavorables para sus grupos familiares. Los defensores de la reforma dirán que quienes se nieguen a hacerlo o no resulten elegidos para los traslados serán indemnizados, sin embargo, casos anteriores de reestructuraciones o liquidaciones de empresas estatales demuestran que las indemnizaciones o los retiros compensados, en la mayoría de los casos, afectan la estabilidad económica de los trabajadores vulnerando así sus derechos laborales. Este tema iría en contravía de lo dispuesto en el último inciso del artículo 215 de la Constitución que dice que los decretos expedidos en el marco de declaratorias de emergencia económica, social y ambiental no pueden “desmejorar los derechos sociales de los trabajadores”.

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Borrador de decreto que reforma a las CAR

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jueves, 13 de enero de 2011

Columna publicada el 14 de enero de 2010 en el periódico La Tarde

Contrato inconcluso
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


El 04 de agosto de 2009 la empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P. -institución llamada a materializar el Plan Departamental de Aguas- suscribió el contrato de obra No. 06 con la señora Alba Cristina Mosquera Álvarez, cónyuge del hoy Representante a la Cámara por Risaralda Didier Burgos, por un valor de $113.975.804 m/cte, una duración de 30 días y con el objeto de realizar “obras de mitigación de riesgo en la prestación del servicio de acueducto en el municipio de Santuario afectado por la temporada invernal”. Luego de 17 meses de firmado el contrato, las obras de rehabilitación del desarenador y del sistema de conducción de agua potable en Santuario se encuentran sin terminar.

Lo extraño del asunto es el aparente trato preferencial dado a la señora Mosquera por cuanto Aguas y Aseo de Risaralda no ordenó, dentro de los meses siguientes al incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales asumidas por la cónyuge del congresista Burgos, la respectiva caducidad del contrato y su consecuente liquidación, con el fin de adoptar las medidas necesarias para evitar el agravamiento del riesgo en la prestación del suministro de agua potable en Santuario. La cláusula decimo novena del contrato señala claramente que “se liquidará dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecución”, sin embargo, 14 meses después del vencimiento de ese plazo inicial, aún sigue sin liquidarse. De igual manera, la inactividad de Aguas y Aseo de Risaralda también la llevó a incumplir la cláusula novena que consagra la obligatoriedad de hacer efectivas las pólizas de cumplimiento en caso que “el contratista hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas (…), sin perjuicio de la cláusula penal”.

Otro asunto confuso corresponde al manejo de la información oficial relacionada con el contrato de la señora Mosquera Álvarez. En documento publicado en formato de Excel, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial detalló el estado de avance de los diferentes proyectos que hacen parte del Plan Departamental de Aguas de Risaralda, entre los cuales se encuentra el de mitigación de riesgo en Santuario. En la columna de ‘observaciones’ se señaló que la obra “tuvo una demora inicial debido a la entrega de la tubería de hierro dúctil, una vez superado se ha realizado la obra en un 50%, faltando la instalación de la tubería y la construcción de algunos gaviones, se está tramitando una prórroga adicional de 30 días para la entrega total de las obras. Se espera terminen las obras el 5 de diciembre [de 2010]”, el párrafo citado incluyó dos fechas para la supuesta culminación de los trabajos, la relacionada con la prórroga que sería en junio de 2010 (el formulario que envió Aguas y Aseo de Risaralda para el Ministerio de Ambiente se debió diligenciar entre abril y mayo de 2010 por cuanto una casilla del documento pide información del estado de los proyectos a mayo) y otra el 5 de diciembre del mismo año, la cual tampoco se cumplió. Pese a lo anterior, en el mismo documento se señaló que el porcentaje de avance físico de las obras era del 100% y que para el mes de mayo de 2010 la obra ya estaba totalmente concluida ¿por qué la diferencia e imprecisión de la información?

Resta preguntar si el mismo trato dado a la señora Mosquera Álvarez aplica para un contratista sin parentesco directo con congresista alguno, o si las investigaciones de los organismos de control sólo aplican para los huérfanos políticos. Mientras se dan las respuestas los habitantes de Santuario deben esperar que no arrecie la temporada invernal para evitar un problema mayúsculo con el suministro de agua potable.

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Contrato (1) suscrito entre Aguas y Aseo de Risaralda y Alba Mosquera

Contrato (2) suscrito entre Aguas y Aseo de Risaralda y Alba Mosquera

Informe de avance contrato de Santuario (Ministerio de Ambiente)

jueves, 6 de enero de 2011

Columna publicada el 07 de enero de 2010 en el periódico La Tarde

El dedo millonario (segunda entrega: la imagen)
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


Si en gracia de discusión se acepta que Irma Noreña, gerente de Aguas y Aguas, podía realizar toda la contratación de la empresa sin seguir un procedimiento que garantizara la selección pública de los contratistas, aún se debe cuestionar la decisión de invertir en objetos innecesarios que dilapidaron cuantiosos recursos. Tres ejemplos dan cuenta de lo dicho. El primero es el contrato suscrito con el Club Deportivo Pereira S.A. para el “desarrollo de la imagen corporativa mediante el patrocinio oficial del equipo por parte de la empresa en el campeonato nacional de fútbol liga Postobón del segundo semestre” por valor de 600 millones de pesos y por un tiempo de 5 meses. Infortunadamente para la afición y para la señora Noreña, ni el equipo dio el resultado esperado con el apoyo oficial, ni la imagen de la empresa se ‘desarrolló’ con la pobre campaña del onceno matecaña.

En segundo lugar tenemos el contrato suscrito con Fenalco Seccional Risaralda para la realización del evento denominado Expoagua, un congreso internacional donde se debatieron temas relativos al vital líquido. Se discute si estos eventos académicos deben ser financiados totalmente por una empresa de servicios públicos o por las universidades o sociedades que realizan investigaciones o desarrollo de productos relacionados con la gestión del agua, sin embargo, si decidimos dar el beneficio de la duda a Irma Noreña por la financiación del evento, no debe pasar lo mismo con la forma de adjudicación ni con algunos puntos relacionados con su administración. Como es habitual, el contratista fue elegido a dedo pese al cuantioso valor del evento: 1.000 millones de pesos, también se contrató con una organización cuyo objeto social, aunque incluye la actividad de organización de congresos, realmente no es su principal fortaleza a diferencia de otras empresas dedicadas exclusivamente a estos temas. De igual manera ciertos gastos resultaron exorbitantes para un acto de 3 días (11, 12 y 13 de agosto de 2010) como la campaña de expectativa con un costo de 30 millones, el pago de un maestro de ceremonias que por 3 días de trabajo recibió $2’454.000 m/cte, arreglos florales por valor de $4’500.000 m/cte, ‘souvenirs’ y atención al personal VIP (Very Important Person) por $1`600.000 m/cte, estación de tintos y alimentación por $13’786.000 m/cte, entre otros. ¿Qué quedó para la empresa y los pereiranos con Expoagua?

Por último, tenemos los contratos para el cambio de logo. Pese a ser un monopolio en la prestación del servicio de agua potable en la ciudad que no necesita un nuevo logo para mantener la fidelidad de los usuarios, Irma Noreña invirtió cerca de 46 millones de pesos en cambiarlo con el ‘poderoso’ argumento de que “un porcentaje de reconocimiento del logo de 55% demostró la necesidad de crear una imagen corporativa de mayor recordación, pues al menos la mitad de los pereiranos desconocen la imagen institucional de su empresa de acueducto y alcantarillado”, justificación risible teniendo en cuenta que cada mes nos acordamos de la empresa al pagar la factura del servicio. Los contratistas también fueron elegidos a dedo por cuanto “la empresa encontró que si bien [la ciudad] cuenta con importantes empresas de diseño gráfico, no existen agencias de publicidad con el reconocimiento y el know how que garantizaran no solamente un resultado satisfactorio, sino que le dieran mayor respaldo al nuevo logo”, una verdadera pieza magistral en materia de contratación estatal.

Inversiones por más de 1.650 millones de pesos sin ninguna retribución para la ciudad es el resultado de los tres contratos denunciados. La imagen corporativa de una empresa estatal no la posiciona un logo o el patrocinio de un equipo, la fortalece el manejo eficaz y decoroso de los recursos públicos, exigencia distante de la realidad que hoy vive Aguas y Aguas.

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Algunos gastos realizados para Expoagua 2010

Justificación para cambio de logo de Aguas y Aguas (1)

Justificación para cambio de logo de Aguas y Aguas (2)

Contrato suscrito entre Aguas y Aguas y el Club Deportivo Pereira

jueves, 16 de diciembre de 2010

Columna publicada el 17 de diciembre de 2010 en el periódico La Tarde

El dedo millonario (primera entrega: la tubería)
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


Entre el 01 de julio y el 30 de noviembre de 2010, Aguas y Aguas de Pereira suscribió cerca de 150 contratos por $7 mil millones aproximadamente, de los cuales 134 fueron adjudicados por la modalidad directa y 17 por invitación privada. La licitación pública, constituida como regla general de los procedimientos de selección de contratistas en el ordenamiento jurídico colombiano, pasó a ser una modalidad completamente excepcional y de aplicación restrictiva en la administración de Irma Noreña y, por el contrario, el ‘dedo’ de la gerente se convirtió en el mecanismo por excelencia para la selección de contratistas.

La justificación del proceder de la señora Noreña –respaldada por el alcalde de Pereira y el contralor municipal- a primera vista parece razonable: las adjudicaciones directas no violan la ley. No obstante, un análisis detallado de algunos contratos permite demostrar que el régimen de selección de contratistas seguido actualmente por Aguas y Aguas, ha degenerado en la violación de principios constitucionales y legales propios de la función pública, como lo son los principios de economía y transparencia. Veamos.

A través del contrato de suministro No 171-10, la firma Roberto Salazar y Asociados se comprometió a entregar a Aguas y Aguas 4.891 metros de tubería Novafort y Novaloc (productos PAVCO) de distinto diámetro y 65 unidades de uniones, por un valor total de $743.557.309 m/cte. Si el procedimiento de selección del contratista para la adquisición de la tubería hubiese sido a través de la licitación pública, Aguas y Aguas se habría beneficiado con una propuesta más favorable, tal afirmación se desprende de la comparación del precio del contrato con una cotización expedida por el Almacén París. Mientras la firma Roberto Salazar y Asociados dio un descuento de cerca del 25% sobre los precios de lista de la tubería de PAVCO, el Almacén París ofreció el 43% con posibilidad de llegar a un 52%. En otras palabras, un descuento del 43% representaría un ahorro de $91.106.470 m/cte para Aguas y Aguas, beneficio frustrado por la modalidad de contratación efectuada con Roberto Salazar y Asociados. En el caso expuesto, la licitación habría garantizado un manejo adecuado de los recursos públicos, una observancia del principio constitucional de economía y, obviamente, un mejor precio para la empresa municipal, es decir, un descuento mayor sobre el precio de lista publicado por los fabricantes de tuberías.

Un usuario de acueducto y alcantarillado ubicado en estrato 6, con un consumo promedio de 17 m3 paga, cada mes, un valor cercano a los $80.000 m/cte. Con 91 millones de pesos que Aguas y Aguas dejó de percibir por no abrir una licitación pública en el tema de las tuberías, se podían haber cancelado las facturas de 1.137 usuarios de ese estrato.

La obstinación de la señora María Irma Noreña en mantener un régimen de contratación basado en el arbitrario movimiento de su dedo, lleva a generar sobrecostos en los objetos demandados por la empresa a su cargo, dineros que no salen de su cartera, sino de los bolsillos de todos los pereiranos.

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Cotización del Almacén París

Contrato (1) entre Aguas y Aguas y Roberto Salazar Asociados

Contrato (2) entre Aguas y Aguas y Roberto Salazar Asociados

jueves, 9 de diciembre de 2010

Columna publicada el 10 de dciembre de 2010 en el periódico La Tarde

Mogadores
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


Mediante Resolución 2053 del 16 de junio de 2009, los señores Jairo Ordilio Torres y John Diego Molina, Secretarios de Planeación y de Gobierno respectivamente, dieron viabilidad técnica al uso temporal del espacio público con los llamados mogadores (estructuras metálicas que se fijan al piso para ubicar en ellas avisos o carteles publicitarios). El beneficiario de la autorización fue el señor Carlos Alberto Rodríguez, propietario del establecimiento comercial denominado PARE PUBLICIDAD. La Resolución permite la instalación de 32 mogadores en diferentes lugares y, al tiempo, los niega en 13 sitios que se encuentran dentro de un rango de 200 metros de distancia al Edificio Departamental de Rentas (declarado Monumento Nacional a través del Decreto 1896 de 1993). No obstante, PARE PUBLICIDAD instaló 5 mogadores en la zona prohibida (Calle 16 Plaza Victoria, Calle 17 con carreras 11 y 12, carrera 10 entre calles 17 y 16, Calle 18 centro comercial Victoria en los 2 accesos peatonales) violando así la Resolución 2053 de 2009 y la Ley 140 de 1994 que expresamente consagra la prohibición de ubicar publicidad exterior visual “Dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos nacionales”.

Igualmente, el Acuerdo 78 de 2008 (Reglamento de aprovechamiento económico del espacio público) niega la posibilidad de situar mogadores en los frentes de predios de interés histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad, sin embargo, el municipio autorizó la instalación de estos elementos frente a inmuebles declarados como tales por el Plan de Ordenamiento Territorial, es así como vemos 10 mogadores en la Plaza de Bolívar, uno en el Parque El Lago y otro enseguida de la carrera 7 con calle 23 esquina. También se dispusieron en tres sitios no incluidos en la Resolución 2053 de 2009 a saber: Calle 16 con carrera 13 bis, carrera 8 con calle 16 y carrera 8 con calle 15. Adicionalmente, PARE PUBLICIDAD incumplió el mandato, contenido en el Acuerdo 78 de 2008, de destinar el 20% de una de las caras del mogador para ubicar mensajes cívicos y/o institucionales. Ante el incumplimiento señalado, la respuesta de Control Físico ha sido contundente: ninguna actuación para sancionar a PARE.

Si a los 32 mogadores autorizados por la Resolución 2053 de 2009 le sumamos los 5 ubicados en sitios prohibidos, más 10 de la Plaza de Bolívar, más 3 que no se encuentran autorizados en el acto administrativo expedido por las Secretarías de Planeación y Gobierno, tendríamos un total de 51. Según cotización suministrada por PARE PUBLICIDAD, ubicar 1 cartel en cada una de las dos caras del mogador tiene un costo de $600.000 m/cte (sin IVA) lo cual le da una ganancia anual cercana a los 734 millones de pesos. Lo amargo del asunto es que por este ‘aprovechamiento del espacio público’ el municipio recibe cerca de 50 millones de pesos al año, mientras Carlos Alberto Rodríguez tiene ganancias netas de 684 millones en el mismo período.

Mención aparte merece la ocupación hecha frente a la antigua estación de ferrocarril -declarada como patrimonio arquitectónico local- con 10 vallas publicitarias; pese a que el Acuerdo 078 de 2008 lo prohíbe, el municipio lo consiente con total desfachatez. Con toda razón al alcalde ya se le conoce como “La Niña’: inundó a la ciudad con mogadores y vallas.
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Lugares solicitados por PARE PUBLICIDAD para ubicar mogadores

Precio de alquiler del espacio público para ubicar mogadores

Sitios prohibidos para ubicar mogadores (en 5 de estos lugares situaron las estructuras)

Cotización de PARE PUBLICIDAD

Vallas publicitarias frente a la antigua estación del tren (Prohibidas por la Ley 140 de 1994)

Mogador ubicado en un sitio prohibido por la Resolución 2053 de 2009 (calle 18 frente a Victoria)

Mogador ubicado frente a la entrada del Victoria de la calle 17, a menos de 200 metros del Edificio de Rentas (patrimonio nacional)

Mogador ubicado en la Plaza Cívica, a menos de 200 metros del Edificio de Rentas Departamental (monumento nacional)

Mogadores que no deberían estar en la Plaza de Bolívar por ser un Inmueble de interés histórico, arquitectónico y cultural

jueves, 2 de diciembre de 2010

Columna publicada el 03 de diciembre de 2010 en el periódico La Tarde

El Centro Comercial de Juan Manuel
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO


Finalizando la segunda administración de Juan Manuel Arango Vélez, el municipio de Pereira realizó una serie de inversiones en el denominado Centro Comercial La 13 que le llevaron a dilapidar cerca de 2.200 millones de pesos, dineros supuestamente dirigidos a la reubicación de vendedores informales del centro de la ciudad. Las distintas actuaciones del ex alcalde y de los funcionarios que tuvieron parte en el proceso, dan cuenta de improvisación y negligencia en el manejo de recursos públicos que, como bien lo menciona la Contraloría municipal en respuesta a una denuncia instaurada por el ingeniero Crosthwaite y por el suscrito, terminaron con varios hallazgos con incidencias disciplinaria y penal. Veamos.

Mediante Escritura Pública No. 2714 de 2007, expedida en la Notaría 5ª del Círculo de Pereira, el señor Juan Manuel Arango vendió, por $ 339 millones, un inmueble de 1.214 m2 ubicado en la calle 13 con carrera 11 a la organización FEDEBAZARES. En la compraventa se pactó la cancelación de los dineros en un plazo de 17 años con la condición que se constituyera hipoteca de primer grado a nombre del municipio, adicionalmente, la alcaldía le transfirió cerca de 2.123 millones de pesos por concepto de microcréditos otorgados a cerca de 257 vendedores informales, con el fin de construir el centro comercial y escriturar cada uno de los locales a los beneficiarios de los préstamos. FEDEBAZARES contrató, con personas señaladas por la administración municipal como la abogada Zoraida Muñetón, varios objetos como la elaboración de escrituras de los locales y la entrega del reglamento de propiedad horizontal por 322 millones de pesos; pasados dos años la abogada Muñetón no ha cumplido -a cabalidad- con las cláusulas del contrato. FEDEBAZARES también pactó la construcción de la edificación del Centro Comercial La 13 por un valor de $ 1.060 millones, pese a que en su objeto social registrado en la Cámara de Comercio no figura tal actividad. También se destaca el contrato de suministro de papelería y servicios de impresión por un costo de $ 7 millones suscrito con una persona natural que no ejercía esa labor comercial (registró ante la DIAN su actividad económica dos días antes de que le pagaran). Para terminar, el municipio no ha recuperado un solo peso de los dineros entregados en calidad de préstamo.

La administración de Arango Vélez también fue negligente en comprobar que los beneficiarios de los microcréditos fuesen verdaderamente vendedores informales. Como bien lo certifica la Contraloría Municipal en un reciente informe, varios adjudicatarios no tiene la condición de informales, como el caso del abogado Danilo López quien figura como adjudicatario del local 2-138, o la ocupación del local 1-022 realizada por Rigoberto Rodríguez, funcionario de la Gobernación y juez de paz de la comuna centro.

Otras irregularidades fueron confirmadas por parte de la Contraloría Municipal, la cual remitió a la Procuraduría Provincial y a la Fiscalía General de la Nación copia de los hallazgos encontrados para iniciar las respectivas investigaciones de carácter disciplinario y penal. Y ¿qué dice Juan Manuel Arango sobre todo esto? Seguramente hará una promesa de campaña: Si resulta elegido pagará, de su bolsillo, los más de 2.200 millones de pesos que perdimos los pereiranos con la construcción del centro comercial bandera de su administración.

Apartes del Informe de la Contraloría Municipal (1)

Apartes del Informe de la Contraloría Municipal (2)

Apartes del Informe de la Contraloría Municipal (3)

Apartes del Informe de la Contraloría Municipal (4)

Apartes del Informe de la Contraloría Municipal (5)

Apartes del Informe de la Contraloría Municipal (6)

Apartes del Informe de la Contraloría Municipal (7)

Apartes del Informe de la Contraloría Municipal (8)