La limosna recaudada
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
Desde el 17 de noviembre de 2009 hasta el 31 de diciembre del mismo año, la alcaldía de Pereira ejecutó, a través de su Secretaría de Desarrollo Social y Económico, un proyecto conocido popularmente como ‘no más limosna’, posible solución al problema que para muchos representa la mendicidad en la calles de la ciudad. La iniciativa consistía en la compra-venta de bonos de mil pesos cada uno, los cuales eran invertidos por la Fundación Claret en asistencia alimentaria a los ‘habitantes de la calle’. Aunque en principio el proyecto tenía un loable fin, la ausencia de planificación y el interés desmedido de esta administración en aparecer en prensa, terminaron con la pérdida de recursos públicos y en el fracaso en la asistencia a un grupo social por años despreciado.
El proyecto de venta de bonos se contrató con la Fundación Social y Comunitaria San Jorge por un valor total de $ 23’305.000 m/cte, los cuales fueron invertidos de la siguiente forma: honorarios del líder del proyecto ($5`000.000 m/cte); diseño, impresión y entrega de 20.000 volantes para la campaña ‘dele una oportunidad al habitante de la calle’ ($1’605.000 m/cte); “implementación” de tres cuñas radiales diarias durante un mes y quince días ($3’.000.000 m/cte), “desarrollo de 20 espacios de sensibilización y entrega de publicidad” ($ 5.000.000 m/cte); “desarrollo de seis espacios de sensibilización lúdica en espacios públicos” ($4.200.000 m/cte); diseño, impresión y entrega de 300 invitaciones a diferentes personalidades y sectores a la vinculación del día de la no limosna ($1’000.000 m/cte); realización de una rueda de prensa para impulsar el ‘día de la no limosna’ ($1’000.000 m/cte); y el “desarrollo de un evento del ‘día de la no limosna’ ($2’500.000 m/cte).
Los más de 23 millones de pesos que invirtió la administración en el contrato de marras, terminaron con la venta de 868 bonos que representaron un valor de $ 868.000 m/cte, es decir, los ‘habitantes de la calle’ solamente se beneficiaron con asistencia alimentaria por poco menos de novecientos mil pesos. La falta de planificación y el desespero del alcalde por publicar, en los medios de comunicación, los inocuos resultados su gestión, le hicieron perder a los pereiranos, en un mes y medio, más de 22 millones de pesos, dinero que de haberse invertido directamente en alimentación a la población objetivo hubiese tenido un mayor impacto.
Si se replantea la estrategia y se logra aprobar un proyecto que busque implantar el ‘día de la no corrupción en Pereira’ el cual busque que la dirigencia de esta ciudad no esquilme el patrimonio público durante 24 horas, lograremos dar alimentación y abrigo, de por vida, a toda la población ubicada por debajo de la línea de pobreza.
jueves, 17 de junio de 2010
viernes, 11 de junio de 2010
Columna publicada el 11 de junio de 2010 en el periódico La Tarde
Pa’ los de ruana
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
Contrario a lo que se cree, la mayor parte de las decisiones proferidas por los organismos de control contra servidores públicos, especialmente las de carácter disciplinario, terminan afectando a funcionarios de rango medio o bajo que, en la mayoría de ocasiones, no tienen ningún tipo de autoridad o mando en el sector oficial. Tampoco es desconocido que muchas veces los esfuerzos de dichos organismos se centran, por disposición de quienes los dirigen, en profundizar en bagatelas (v.gr. determinar por qué no se compraron dos rollos de papel higiénico de más, o por qué no aparecen 11.5 centímetros de pavimento en determinada obra, etc.) o en perseguir a enemigos políticos con el fin de ‘mostrar’ a la sociedad oportunos resultados en la ‘lucha’ contra la inmoralidad administrativa. Sin embargo, los verdaderos hechos de corrupción son obviados o, en algunos casos, revisados y fallados en forma turbia, interpretando de forma amañada las normas para mantener la impunidad, imponiendo así una suerte de connivencia del vigilante con los transgresores de cuello blanco.
Basta recordar el caso de Juan Manuel Arango Vélez. Aunque su decisión de privatizar el recaudo de impuestos fue prácticamente igual a aquella por la cual el ex alcalde de Cali fuera condenado severamente por la Procuraduría, no alcanzó para que dicho organismo lo condenara, lo absolvió fallando así un caso similar en forma distinta, en contravía del principio de igualdad en la aplicación de la Ley.
No menos sorprendente resulta el análisis de dos sentencias de segunda instancia proferidas por la Procuraduría Regional de Risaralda, en las cuales se imponen sanciones pírricas y absoluciones vergonzosas en dos casos claramente violatorios de las normas que rigen la función administrativa. Los fallos citados resolvían los recursos de apelación que interpuso Carlos Alberto Hernández Nieto, ex alcalde de Marsella, quien fuera encontrado responsable por la Procuraduría Provincial de Pereira, por cometer irregularidades en la contratación de la pavimentación de una vía y por fraccionamiento de contratos.
Frente al primer cargo, la Procuraduría Provincial le aplicó una inhabilidad general de 20 años para ejercer funciones públicas, mientras que por la acusación de fraccionamiento de contratos le impuso la destitución del puesto y una pena accesoria de otros 11 años de inhabilidad. Aunque la Procuraduría Regional de Risaralda confirmó que en el caso de la pavimentación de la vía se presentaron serias irregularidades, su floja interpretación de la culpa del ex mandatario fue suficiente para rebajar la inhabilidad de 20 años a 4 meses, mientras que para el segundo caso le absolvió de la destitución y de la inhabilidad de 11 años. Lo anterior refleja, de cuerpo entero, la máxima tradicional de que la justicia es pa` los de ruana: el funcionario de bajo rango, carente de fuerza política o de conexiones poderosas en Bogotá resulta siendo el chivo expiatorio del descomunal poder sancionatorio de la Procuraduría, mientras que el osado líder político termina absuelto de sus celebradas e inicuas triquiñuelas administrativas. Con esa administración de justicia no hay forma de derrotar a la corrupción.
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
Contrario a lo que se cree, la mayor parte de las decisiones proferidas por los organismos de control contra servidores públicos, especialmente las de carácter disciplinario, terminan afectando a funcionarios de rango medio o bajo que, en la mayoría de ocasiones, no tienen ningún tipo de autoridad o mando en el sector oficial. Tampoco es desconocido que muchas veces los esfuerzos de dichos organismos se centran, por disposición de quienes los dirigen, en profundizar en bagatelas (v.gr. determinar por qué no se compraron dos rollos de papel higiénico de más, o por qué no aparecen 11.5 centímetros de pavimento en determinada obra, etc.) o en perseguir a enemigos políticos con el fin de ‘mostrar’ a la sociedad oportunos resultados en la ‘lucha’ contra la inmoralidad administrativa. Sin embargo, los verdaderos hechos de corrupción son obviados o, en algunos casos, revisados y fallados en forma turbia, interpretando de forma amañada las normas para mantener la impunidad, imponiendo así una suerte de connivencia del vigilante con los transgresores de cuello blanco.
Basta recordar el caso de Juan Manuel Arango Vélez. Aunque su decisión de privatizar el recaudo de impuestos fue prácticamente igual a aquella por la cual el ex alcalde de Cali fuera condenado severamente por la Procuraduría, no alcanzó para que dicho organismo lo condenara, lo absolvió fallando así un caso similar en forma distinta, en contravía del principio de igualdad en la aplicación de la Ley.
No menos sorprendente resulta el análisis de dos sentencias de segunda instancia proferidas por la Procuraduría Regional de Risaralda, en las cuales se imponen sanciones pírricas y absoluciones vergonzosas en dos casos claramente violatorios de las normas que rigen la función administrativa. Los fallos citados resolvían los recursos de apelación que interpuso Carlos Alberto Hernández Nieto, ex alcalde de Marsella, quien fuera encontrado responsable por la Procuraduría Provincial de Pereira, por cometer irregularidades en la contratación de la pavimentación de una vía y por fraccionamiento de contratos.
Frente al primer cargo, la Procuraduría Provincial le aplicó una inhabilidad general de 20 años para ejercer funciones públicas, mientras que por la acusación de fraccionamiento de contratos le impuso la destitución del puesto y una pena accesoria de otros 11 años de inhabilidad. Aunque la Procuraduría Regional de Risaralda confirmó que en el caso de la pavimentación de la vía se presentaron serias irregularidades, su floja interpretación de la culpa del ex mandatario fue suficiente para rebajar la inhabilidad de 20 años a 4 meses, mientras que para el segundo caso le absolvió de la destitución y de la inhabilidad de 11 años. Lo anterior refleja, de cuerpo entero, la máxima tradicional de que la justicia es pa` los de ruana: el funcionario de bajo rango, carente de fuerza política o de conexiones poderosas en Bogotá resulta siendo el chivo expiatorio del descomunal poder sancionatorio de la Procuraduría, mientras que el osado líder político termina absuelto de sus celebradas e inicuas triquiñuelas administrativas. Con esa administración de justicia no hay forma de derrotar a la corrupción.
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