Negocios de familia
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
En lo que va corrido del año, la Promotora de Vivienda de Risaralda ha realizado varias compras de materiales de construcción, eléctricos y similares con distintos establecimientos comerciales por un valor cercano a los 2.000 millones de pesos. Entre los contratistas se encuentran Ferreterías como Tama, Hierros HB y La Casa del Bombillo con reconocida trayectoria en la compraventa de material de construcción y eléctricos, pero también se destacan dos personas que generan algunas dudas razonables frente al proceso de selección realizado en la Entidad Descentralizada departamental.
El primero de ellos se llama Michael Kenny Salazar Tovar, un extraño personaje que resultó con adjudicaciones por el orden de 967 millones de pesos, esto es, casi un 50% del total de dineros invertidos por La Promotora en la compra de material de construcción. Según consta en el Certificado de Matrícula de Persona Natural, el señor Salazar Tovar registra la actividad de “Fabricación de pinturas y materiales para construcción y ferretería general” en la dirección Carrera 16 No. 41-13 del barrio Buenos Aires en Dosquebradas, asimismo, presenta unos activos vinculados a su establecimiento comercial por un valor cercano a los 292 millones de pesos. La inscripción en la Cámara de Comercio de Dosquebradas se realizó en diciembre de 2007 y, en menos de tres años, ya figura en una entidad pública como uno de sus grandes proveedores de suministros.
Por otro lado, también se destaca la participación de Didier Noreña, hermano de María Irma Noreña –gerente de Aguas y Aguas- en los contratos realizados por La Promotora. La Ferretería de los Noreña aparece con 7 contratos que ascienden a los 432 millones de pesos aproximadamente, es decir, cerca de un 22% del total contratado por la entidad descentralizada. Resumiendo podemos decir que entre Kenny y Didier Noreña se reparten un 72% del total destinado a la compra de elementos de ferretería.
También preocupa el hecho que la Directora Administrativa y Financiera de La Promotora de Vivienda, Luz Omaira Salazar Peláez, sea la hermana de Mauricio Salazar, cónyuge de María Irma Noreña. Aunque la señora Salazar Peláez no tenga nada que ver, a primera vista, con la contratación de marras, sí deja mucho que desear que la entidad pública de la cual ella hace parte termine contratando con el negocio de un hombre (Didier Noreña) que integra una sociedad en la cual está incluido su hermano (Mauricio Salazar), lo anterior tomando en cuenta unas declaraciones de prensa de la gerente de Aguas y Aguas en las cuales señalaba que el palacete que su esposo construía en Cerritos era, en realidad, propiedad de una sociedad familiar en la cual también se incluía a su hermano, Didier Noreña.
Entre los muchos interrogantes que pueden surgir con este galimatías familiar hay uno que resulta particularmente relevante: ¿Tiene Michael Kenny Salazar algún parentesco con Mauricio y Luz Omaira Salazar Peláez?
jueves, 26 de agosto de 2010
jueves, 19 de agosto de 2010
Columna publicada el 20 de agosto de 2010 en el periódico La Tarde
La ferretería del aeropuerto
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
En junio 10 de 2010, el Aeropuerto Internacional de Matecaña suscribió un contrato de suministro con “La Casa del Constructor La 28” para el “suministro de elementos y materiales de ferretería y eléctricos para el mantenimiento y reparación de la infraestructura física y técnica, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Matecaña y en las estaciones de radio ayuda”, por un valor de $44.952.736 m/cte. A primera vista no se suscitan mayores reparos de orden legal con el convenio de marras, sin embargo, se cuestiona el aspecto ético del mismo por cuanto “La Casa del Constructor La 28” pertenece a Didier Noreña Arboleda, hermano de la gerente de Aguas y Aguas, María Irma Noreña.
Como lo mencioné en una columna anterior, tanto el cónyuge de Irma Noreña como dos de sus familiares adquirieron, entre 2008 y 2009, tres ferreterías con el nombre genérico de “La Casa del Constructor”. La ferretería con la cual contrató el Aeropuerto Matecaña se encuentra ubicada en la carrera 7 No. 28-01, y en el Certificado de Existencia y Representación Legal aparece inscrito como propietario el señor Didier Noreña Arboleda, registrando unos activos por valor de 81 millones de pesos.
Sorprende, por decir lo menos, que el Aeropuerto Internacional Matecaña (propiedad del municipio de Pereira) contrate con la Ferretería del hermano de Irma Noreña. Tal triangulación de contratos con familiares de funcionarios de empresas municipales deja mucho que decir frente al cumplimiento de principios constitucionales en materia de contratación como el de selección objetiva o el de transparencia. Una simple revisión de las páginas amarillas del Directorio Telefónico Pereira-Dosquebradas 2009-2010 da cuenta de por lo menos 128 establecimientos –distintos de los de la Casa del Constructor- relacionados con la compraventa de material de construcción y elementos eléctricos, con activos mayores al registrado por el establecimiento comercial denunciado y algunos con precios más razonables a los ofrecidos por el negocio de la familia Noreña.
Aunque, vuelvo y lo repito, prima facie no se presenten irregularidades legales sobresalientes en el contrato suscrito entre “La Casa del Constructor La 28” y el Aeropuerto Matecaña de Pereira, sí suscita suspicacia el hecho que tal establecimiento comercial tenga algún tipo de relación, indirecta en este caso, con la funcionaria que administra la empresa de servicios públicos más importante de la ciudad. Por ello vale la pena dejar planteada una pregunta que seguramente no tendrá respuesta satisfactoria: ¿Si la ferretería no perteneciera al hermano de María Irma Noreña, el Aeropuerto los hubiera contratado, de todas formas, para el suministro de materiales?
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
En junio 10 de 2010, el Aeropuerto Internacional de Matecaña suscribió un contrato de suministro con “La Casa del Constructor La 28” para el “suministro de elementos y materiales de ferretería y eléctricos para el mantenimiento y reparación de la infraestructura física y técnica, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Matecaña y en las estaciones de radio ayuda”, por un valor de $44.952.736 m/cte. A primera vista no se suscitan mayores reparos de orden legal con el convenio de marras, sin embargo, se cuestiona el aspecto ético del mismo por cuanto “La Casa del Constructor La 28” pertenece a Didier Noreña Arboleda, hermano de la gerente de Aguas y Aguas, María Irma Noreña.
Como lo mencioné en una columna anterior, tanto el cónyuge de Irma Noreña como dos de sus familiares adquirieron, entre 2008 y 2009, tres ferreterías con el nombre genérico de “La Casa del Constructor”. La ferretería con la cual contrató el Aeropuerto Matecaña se encuentra ubicada en la carrera 7 No. 28-01, y en el Certificado de Existencia y Representación Legal aparece inscrito como propietario el señor Didier Noreña Arboleda, registrando unos activos por valor de 81 millones de pesos.
Sorprende, por decir lo menos, que el Aeropuerto Internacional Matecaña (propiedad del municipio de Pereira) contrate con la Ferretería del hermano de Irma Noreña. Tal triangulación de contratos con familiares de funcionarios de empresas municipales deja mucho que decir frente al cumplimiento de principios constitucionales en materia de contratación como el de selección objetiva o el de transparencia. Una simple revisión de las páginas amarillas del Directorio Telefónico Pereira-Dosquebradas 2009-2010 da cuenta de por lo menos 128 establecimientos –distintos de los de la Casa del Constructor- relacionados con la compraventa de material de construcción y elementos eléctricos, con activos mayores al registrado por el establecimiento comercial denunciado y algunos con precios más razonables a los ofrecidos por el negocio de la familia Noreña.
Aunque, vuelvo y lo repito, prima facie no se presenten irregularidades legales sobresalientes en el contrato suscrito entre “La Casa del Constructor La 28” y el Aeropuerto Matecaña de Pereira, sí suscita suspicacia el hecho que tal establecimiento comercial tenga algún tipo de relación, indirecta en este caso, con la funcionaria que administra la empresa de servicios públicos más importante de la ciudad. Por ello vale la pena dejar planteada una pregunta que seguramente no tendrá respuesta satisfactoria: ¿Si la ferretería no perteneciera al hermano de María Irma Noreña, el Aeropuerto los hubiera contratado, de todas formas, para el suministro de materiales?
sábado, 7 de agosto de 2010
Columna publicada en La Tarde el 06 de agosto de 2010
El falso concurso
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
El 09 de junio de 2010, apareció publicada en la página de internet de la Universidad Tecnológica de Pereira una convocatoria para proveer dos plazas docentes de tiempo completo en la Licenciatura de Enseñanza de la Lengua Inglesa. Se determinaron unos requisitos para acceder a la convocatoria pública como ser profesional en lenguas modernas con título de maestría o doctorado en esas áreas y experiencia investigativa comprobada. No obstante, pese a que públicamente se hizo la invitación, manejos amañados dieron al traste con ella, es decir, se engañó a los profesionales que radicaron sus respectivas hojas de vida con la esperanza de clasificar en la contienda, la ‘convocatoria’ buscaba cubrir con un ilusorio manto de legalidad un proceso que resultó siendo asignado a dedo.
Las irregularidades en el simulado concurso comenzaron con la violación de varias disposiciones del Estatuto Docente de la Universidad que establecen el procedimiento para realizarlos, por ejemplo, el artículo 27 del Estatuto determina que sólo concursarán las hojas de vida radicadas en la Oficina de Archivo y Correspondencia de la Universidad, no obstante en este caso se señaló, inexplicablemente, a una oficina de la Facultad de Bellas Artes para el acopio de los documentos. Tampoco se determinaron los criterios bajo los cuales se examinarían las hojas de vida y en el Consejo de Facultad no se eligieron, como lo exige el Estatuto Docente, a los encargados de evaluar a los aspirantes.
Sin embargo, lo que se debe resaltar es la respuesta ofrecida por quien manejó la ‘convocatoria docente’ de marras. En un corto oficio, la Directora (e) del Departamento de Humanidades e Idiomas, Aura Margarita Calle Guerra, comentó que el llamado público aparecido en la página oficial de la Universidad no era tal, su propósito era simplemente “hacer un acopio de hojas de vida de posibles candidatos con el perfil señalado”, afirmación también incumplida por cuanto un ‘simple acopio’ de perfiles también debe respetar un procedimiento normativo con el fin de no incurrir en la violación de los derechos de los postulantes.
La Autonomía Universitaria no puede servir de mampara para incumplir con principios constitucionales y legales como los de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad, que también le son aplicables a la Universidad Tecnológica de Pereira. La Alma Mater no puede seguir albergando feudos académicos que la desdibujan de su carácter público ni puede admitir que situaciones como la denunciada la pongan bajo un manto de duda frente a la ciudadanía.
Por último vale la pena resaltar las ironías de la vida: la señora Calle Guerra, quien de forma torticera intenta hacer creer que la convocatoria docente no era un concurso público, obtuvo su empleo gracias a la sentencia de un juez, ya que impugnó un concurso docente que en su criterio se había efectuado sin los requerimientos legales; hoy, con las particularidades aparejadas al poder, olvida de dónde vino y asume el mismo rol de aquellos que en un momento de su vida demandó judicialmente en detrimento de los legítimos derechos de los aspirantes a cargos docentes.
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
El 09 de junio de 2010, apareció publicada en la página de internet de la Universidad Tecnológica de Pereira una convocatoria para proveer dos plazas docentes de tiempo completo en la Licenciatura de Enseñanza de la Lengua Inglesa. Se determinaron unos requisitos para acceder a la convocatoria pública como ser profesional en lenguas modernas con título de maestría o doctorado en esas áreas y experiencia investigativa comprobada. No obstante, pese a que públicamente se hizo la invitación, manejos amañados dieron al traste con ella, es decir, se engañó a los profesionales que radicaron sus respectivas hojas de vida con la esperanza de clasificar en la contienda, la ‘convocatoria’ buscaba cubrir con un ilusorio manto de legalidad un proceso que resultó siendo asignado a dedo.
Las irregularidades en el simulado concurso comenzaron con la violación de varias disposiciones del Estatuto Docente de la Universidad que establecen el procedimiento para realizarlos, por ejemplo, el artículo 27 del Estatuto determina que sólo concursarán las hojas de vida radicadas en la Oficina de Archivo y Correspondencia de la Universidad, no obstante en este caso se señaló, inexplicablemente, a una oficina de la Facultad de Bellas Artes para el acopio de los documentos. Tampoco se determinaron los criterios bajo los cuales se examinarían las hojas de vida y en el Consejo de Facultad no se eligieron, como lo exige el Estatuto Docente, a los encargados de evaluar a los aspirantes.
Sin embargo, lo que se debe resaltar es la respuesta ofrecida por quien manejó la ‘convocatoria docente’ de marras. En un corto oficio, la Directora (e) del Departamento de Humanidades e Idiomas, Aura Margarita Calle Guerra, comentó que el llamado público aparecido en la página oficial de la Universidad no era tal, su propósito era simplemente “hacer un acopio de hojas de vida de posibles candidatos con el perfil señalado”, afirmación también incumplida por cuanto un ‘simple acopio’ de perfiles también debe respetar un procedimiento normativo con el fin de no incurrir en la violación de los derechos de los postulantes.
La Autonomía Universitaria no puede servir de mampara para incumplir con principios constitucionales y legales como los de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad, que también le son aplicables a la Universidad Tecnológica de Pereira. La Alma Mater no puede seguir albergando feudos académicos que la desdibujan de su carácter público ni puede admitir que situaciones como la denunciada la pongan bajo un manto de duda frente a la ciudadanía.
Por último vale la pena resaltar las ironías de la vida: la señora Calle Guerra, quien de forma torticera intenta hacer creer que la convocatoria docente no era un concurso público, obtuvo su empleo gracias a la sentencia de un juez, ya que impugnó un concurso docente que en su criterio se había efectuado sin los requerimientos legales; hoy, con las particularidades aparejadas al poder, olvida de dónde vino y asume el mismo rol de aquellos que en un momento de su vida demandó judicialmente en detrimento de los legítimos derechos de los aspirantes a cargos docentes.
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