jueves, 27 de enero de 2011
Columna publicada el 28 de enero de 2011 en el periódico La Tarde
La audiencia
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
Hoy se llevará a cabo una audiencia pública convocada por la Contraloría de Pereira con el fin de discutir los impactos ambientales generados por el relleno sanitario La Glorita ubicado en el corregimiento de Combia. Luego de 16 años de operación, la comunidad aledaña a la infraestructura donde se disponen los residuos sólidos de 17 municipios, sigue sin recibir soluciones definitivas a impactos ambientales que han llevado a la vulneración de derechos colectivos como los del medio ambiente sano y la salubridad pública, o de derechos fundamentales como la intimidad -en tratándose del tema de olores.
Honestamente soy pesimista con los resultados de la audiencia, por un lado estamos en la recta final de una administración que no ha demostrado compromiso alguno para atender las reiteradas quejas de la comunidad (v.gr. generación de olores, manejo de lixiviados en vehículos recolectores, pérdida de valor de las propiedades circundantes, afectación de actividades económicas como la producción lechera, el control de gallinazos y vectores, etc.) por otro tenemos la ausencia de controles efectivos al operador, Atesa de Occidente, quien sabe que sanciones como el cierre temporal o definitivo no se darían por ser el único sitio de disposición final de residuos en el departamento.
A los impactos generados por el relleno se deben agregar los producidos por la porcícola San Antonio, Biorgánicos del Otún y por una empresa llamada ICSA, la cual viene recolectando, transportando y disponiendo lodos domésticos y comerciales en el sector. Infortunadamente, el tratamiento dado a la zona en el Plan de Ordenamiento Territorial la volvió sitio propicio para instalar empresas altamente impactantes sobre el ambiente o, en otras palabras, la convirtió en el sumidero de la región.
La CARDER, y el mismo Concejo municipal como autoridades ambientales con competencia, han obviado durante tres lustros expedir normas tendientes a prohibir la ubicación de actividades económicas con impactos relacionados con la generación de olores o el manejo de residuos, al tiempo que han evitado discutir la ubicación de una nueva propiedad que, respondiendo a criterios técnicos y ambientales rigurosos, pueda atender la futura demanda de disposición final de residuos. La vida útil de La Glorita no superará los 10 años, sin embargo, el Concejo parece más preocupado en debatir si se le debían entregar los premios a una Señorita Pereira que no es de estas tierras, o en expedir actos administrativos para decretar como persona no grata a un árbitro de fútbol, que en estudiar la ubicación de un nuevo relleno sanitario.
Por ahora resta confiar en el poder judicial la esperanza de mitigar los incómodos impactos sufridos por los vecinos de Combia, acciones populares y acciones de grupo parecen ser las únicas alternativas a la desidia administrativa que tiene postrada a una comunidad que también hace parte de esta ciudad, la otras solución es que Carlos Enrique Soto o César Castillo compren propiedades cerca al relleno para obligar a su segundo al mando a tomar medidas definitivas.
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jueves, 20 de enero de 2011
Columna publicada el 21 de enero de 2010 en el periódico La Tarde
CAR
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
Al momento de enviar esta columna al periódico para su publicación, aún se discutía un borrador de Decreto que, amparado en la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, buscaba suprimir y liquidar las 35 Corporaciones Autónomas Regionales –CAR- existentes y crear 17 nuevas con una jurisdicción circunscrita a las principales cuencas hidrográficas del país. Supuestamente se corrige un problema de “jurisdicción y competencia” de las CAR, la delimitación actual por departamentos no permitió una respuesta adecuada al desastre invernal porque no se atendió el carácter de ecosistema de las cuencas afectadas con las precipitaciones. Desde lo técnico la justificación parece razonable, sin embargo se cuestiona la legalidad del Decreto porque como bien lo señala el senador Robledo, los hechos que sustentaron la declaratoria de emergencia fueron previsibles y no sobrevinientes o inesperados, lo cual anulaba la posibilidad de realizar por vía del estado de excepción profundas reformas administrativas que le corresponden exclusivamente al Congreso de la República. Por otro lado, el proyecto de Decreto en discusión trata aspectos que no eran de su resorte como la modificación del texto constitucional a través de la supresión y liquidación de la Corporación Autónoma Regional de Magdalena (CORPOMAG), entidad creada conforme a lo dispuesto en el artículo 331 de la Constitución Política. El texto también consagra temas polémicos que seguramente afectarán la gestión ambiental en algunos municipios del país. Veamos.
Uno sería la fragmentación de la gestión ambiental, por ejemplo, Santuario estaría en la jurisdicción de tres nuevas CAR (la del Alto Cauca, la del Cauca Medio y la del Pacífico), Mistrató también con tres Corporaciones (Cauca Medio, Pacífico y Atrato), Santa Rosa de Cabal sería controlada por dos CAR al igual que Apía, Balboa, Belén, La Virginia y Pueblo Rico. Si se le dificulta a un alcalde de un municipio ubicado en sexta categoría obtener recursos con una sola Corporación, el acudir a tres lo dejaría en una posición vulnerable. También se volvería compleja la revisión de los temas ambientales que componen los Planes de Ordenamiento Territorial, por cuanto dos o más Corporaciones podrían conceptuar en forma distinta sobre lo decidido por los Concejos municipales. Ni qué decir de la incidencia que en las nuevas CAR tendrían municipios como los de Risaralda frente a otros del Valle, de Antioquia, o Caldas -entidades territoriales con mayor incidencia política a nivel nacional- el resultado será una menor atención a sus necesidades ambientales.
Otro asunto polémico es la conformación de los Consejos Directivos de las nuevas Corporaciones. Se pretende eliminar la representación de los gremios y de las ONG y se reduce a dos la participación de los alcaldes en estas instancias, pese a que el número de municipios de distintos departamentos en jurisdicción de las CAR aumentará. Lo cuestionable es que quien elegirá a los alcaldes para integrar los Consejos Directivos será la Federación Colombiana de Municipios, gremio que no aglutina a todos los municipios del país. En los estatutos de la Federación dirigida por Gilberto Toro se estipula que sólo aquellas entidades territoriales afiliadas a la organización y a paz y salvo con ésta, podrán “elegir y ser elegidos” en organismos institucionales, esto excluiría a ciudades como Bogotá, Cartagena y Medellín de participar en los respectivos Consejos Directivos de las nuevas CAR por estar retiradas de esa Federación, o a los municipios con deudas pendientes con ésta. En resumen, en las nuevas CAR no se le daría participación a los municipios como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, sino a una organización gremial con intereses distintos.
Por último, la reforma propuesta a las CAR arremete contra los derechos laborales de los trabajadores. Aunque se deja la posibilidad de reubicar a algunos funcionarios en las nuevas sedes (v.gr. Cali) esto traería consecuencias desfavorables para sus grupos familiares. Los defensores de la reforma dirán que quienes se nieguen a hacerlo o no resulten elegidos para los traslados serán indemnizados, sin embargo, casos anteriores de reestructuraciones o liquidaciones de empresas estatales demuestran que las indemnizaciones o los retiros compensados, en la mayoría de los casos, afectan la estabilidad económica de los trabajadores vulnerando así sus derechos laborales. Este tema iría en contravía de lo dispuesto en el último inciso del artículo 215 de la Constitución que dice que los decretos expedidos en el marco de declaratorias de emergencia económica, social y ambiental no pueden “desmejorar los derechos sociales de los trabajadores”.
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jueves, 13 de enero de 2011
Columna publicada el 14 de enero de 2010 en el periódico La Tarde
Contrato inconcluso
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
El 04 de agosto de 2009 la empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P. -institución llamada a materializar el Plan Departamental de Aguas- suscribió el contrato de obra No. 06 con la señora Alba Cristina Mosquera Álvarez, cónyuge del hoy Representante a la Cámara por Risaralda Didier Burgos, por un valor de $113.975.804 m/cte, una duración de 30 días y con el objeto de realizar “obras de mitigación de riesgo en la prestación del servicio de acueducto en el municipio de Santuario afectado por la temporada invernal”. Luego de 17 meses de firmado el contrato, las obras de rehabilitación del desarenador y del sistema de conducción de agua potable en Santuario se encuentran sin terminar.
Lo extraño del asunto es el aparente trato preferencial dado a la señora Mosquera por cuanto Aguas y Aseo de Risaralda no ordenó, dentro de los meses siguientes al incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales asumidas por la cónyuge del congresista Burgos, la respectiva caducidad del contrato y su consecuente liquidación, con el fin de adoptar las medidas necesarias para evitar el agravamiento del riesgo en la prestación del suministro de agua potable en Santuario. La cláusula decimo novena del contrato señala claramente que “se liquidará dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecución”, sin embargo, 14 meses después del vencimiento de ese plazo inicial, aún sigue sin liquidarse. De igual manera, la inactividad de Aguas y Aseo de Risaralda también la llevó a incumplir la cláusula novena que consagra la obligatoriedad de hacer efectivas las pólizas de cumplimiento en caso que “el contratista hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas (…), sin perjuicio de la cláusula penal”.
Otro asunto confuso corresponde al manejo de la información oficial relacionada con el contrato de la señora Mosquera Álvarez. En documento publicado en formato de Excel, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial detalló el estado de avance de los diferentes proyectos que hacen parte del Plan Departamental de Aguas de Risaralda, entre los cuales se encuentra el de mitigación de riesgo en Santuario. En la columna de ‘observaciones’ se señaló que la obra “tuvo una demora inicial debido a la entrega de la tubería de hierro dúctil, una vez superado se ha realizado la obra en un 50%, faltando la instalación de la tubería y la construcción de algunos gaviones, se está tramitando una prórroga adicional de 30 días para la entrega total de las obras. Se espera terminen las obras el 5 de diciembre [de 2010]”, el párrafo citado incluyó dos fechas para la supuesta culminación de los trabajos, la relacionada con la prórroga que sería en junio de 2010 (el formulario que envió Aguas y Aseo de Risaralda para el Ministerio de Ambiente se debió diligenciar entre abril y mayo de 2010 por cuanto una casilla del documento pide información del estado de los proyectos a mayo) y otra el 5 de diciembre del mismo año, la cual tampoco se cumplió. Pese a lo anterior, en el mismo documento se señaló que el porcentaje de avance físico de las obras era del 100% y que para el mes de mayo de 2010 la obra ya estaba totalmente concluida ¿por qué la diferencia e imprecisión de la información?
Resta preguntar si el mismo trato dado a la señora Mosquera Álvarez aplica para un contratista sin parentesco directo con congresista alguno, o si las investigaciones de los organismos de control sólo aplican para los huérfanos políticos. Mientras se dan las respuestas los habitantes de Santuario deben esperar que no arrecie la temporada invernal para evitar un problema mayúsculo con el suministro de agua potable.
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CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
El 04 de agosto de 2009 la empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P. -institución llamada a materializar el Plan Departamental de Aguas- suscribió el contrato de obra No. 06 con la señora Alba Cristina Mosquera Álvarez, cónyuge del hoy Representante a la Cámara por Risaralda Didier Burgos, por un valor de $113.975.804 m/cte, una duración de 30 días y con el objeto de realizar “obras de mitigación de riesgo en la prestación del servicio de acueducto en el municipio de Santuario afectado por la temporada invernal”. Luego de 17 meses de firmado el contrato, las obras de rehabilitación del desarenador y del sistema de conducción de agua potable en Santuario se encuentran sin terminar.
Lo extraño del asunto es el aparente trato preferencial dado a la señora Mosquera por cuanto Aguas y Aseo de Risaralda no ordenó, dentro de los meses siguientes al incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales asumidas por la cónyuge del congresista Burgos, la respectiva caducidad del contrato y su consecuente liquidación, con el fin de adoptar las medidas necesarias para evitar el agravamiento del riesgo en la prestación del suministro de agua potable en Santuario. La cláusula decimo novena del contrato señala claramente que “se liquidará dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecución”, sin embargo, 14 meses después del vencimiento de ese plazo inicial, aún sigue sin liquidarse. De igual manera, la inactividad de Aguas y Aseo de Risaralda también la llevó a incumplir la cláusula novena que consagra la obligatoriedad de hacer efectivas las pólizas de cumplimiento en caso que “el contratista hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas (…), sin perjuicio de la cláusula penal”.
Otro asunto confuso corresponde al manejo de la información oficial relacionada con el contrato de la señora Mosquera Álvarez. En documento publicado en formato de Excel, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial detalló el estado de avance de los diferentes proyectos que hacen parte del Plan Departamental de Aguas de Risaralda, entre los cuales se encuentra el de mitigación de riesgo en Santuario. En la columna de ‘observaciones’ se señaló que la obra “tuvo una demora inicial debido a la entrega de la tubería de hierro dúctil, una vez superado se ha realizado la obra en un 50%, faltando la instalación de la tubería y la construcción de algunos gaviones, se está tramitando una prórroga adicional de 30 días para la entrega total de las obras. Se espera terminen las obras el 5 de diciembre [de 2010]”, el párrafo citado incluyó dos fechas para la supuesta culminación de los trabajos, la relacionada con la prórroga que sería en junio de 2010 (el formulario que envió Aguas y Aseo de Risaralda para el Ministerio de Ambiente se debió diligenciar entre abril y mayo de 2010 por cuanto una casilla del documento pide información del estado de los proyectos a mayo) y otra el 5 de diciembre del mismo año, la cual tampoco se cumplió. Pese a lo anterior, en el mismo documento se señaló que el porcentaje de avance físico de las obras era del 100% y que para el mes de mayo de 2010 la obra ya estaba totalmente concluida ¿por qué la diferencia e imprecisión de la información?
Resta preguntar si el mismo trato dado a la señora Mosquera Álvarez aplica para un contratista sin parentesco directo con congresista alguno, o si las investigaciones de los organismos de control sólo aplican para los huérfanos políticos. Mientras se dan las respuestas los habitantes de Santuario deben esperar que no arrecie la temporada invernal para evitar un problema mayúsculo con el suministro de agua potable.
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jueves, 6 de enero de 2011
Columna publicada el 07 de enero de 2010 en el periódico La Tarde
El dedo millonario (segunda entrega: la imagen)
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
Si en gracia de discusión se acepta que Irma Noreña, gerente de Aguas y Aguas, podía realizar toda la contratación de la empresa sin seguir un procedimiento que garantizara la selección pública de los contratistas, aún se debe cuestionar la decisión de invertir en objetos innecesarios que dilapidaron cuantiosos recursos. Tres ejemplos dan cuenta de lo dicho. El primero es el contrato suscrito con el Club Deportivo Pereira S.A. para el “desarrollo de la imagen corporativa mediante el patrocinio oficial del equipo por parte de la empresa en el campeonato nacional de fútbol liga Postobón del segundo semestre” por valor de 600 millones de pesos y por un tiempo de 5 meses. Infortunadamente para la afición y para la señora Noreña, ni el equipo dio el resultado esperado con el apoyo oficial, ni la imagen de la empresa se ‘desarrolló’ con la pobre campaña del onceno matecaña.
En segundo lugar tenemos el contrato suscrito con Fenalco Seccional Risaralda para la realización del evento denominado Expoagua, un congreso internacional donde se debatieron temas relativos al vital líquido. Se discute si estos eventos académicos deben ser financiados totalmente por una empresa de servicios públicos o por las universidades o sociedades que realizan investigaciones o desarrollo de productos relacionados con la gestión del agua, sin embargo, si decidimos dar el beneficio de la duda a Irma Noreña por la financiación del evento, no debe pasar lo mismo con la forma de adjudicación ni con algunos puntos relacionados con su administración. Como es habitual, el contratista fue elegido a dedo pese al cuantioso valor del evento: 1.000 millones de pesos, también se contrató con una organización cuyo objeto social, aunque incluye la actividad de organización de congresos, realmente no es su principal fortaleza a diferencia de otras empresas dedicadas exclusivamente a estos temas. De igual manera ciertos gastos resultaron exorbitantes para un acto de 3 días (11, 12 y 13 de agosto de 2010) como la campaña de expectativa con un costo de 30 millones, el pago de un maestro de ceremonias que por 3 días de trabajo recibió $2’454.000 m/cte, arreglos florales por valor de $4’500.000 m/cte, ‘souvenirs’ y atención al personal VIP (Very Important Person) por $1`600.000 m/cte, estación de tintos y alimentación por $13’786.000 m/cte, entre otros. ¿Qué quedó para la empresa y los pereiranos con Expoagua?
Por último, tenemos los contratos para el cambio de logo. Pese a ser un monopolio en la prestación del servicio de agua potable en la ciudad que no necesita un nuevo logo para mantener la fidelidad de los usuarios, Irma Noreña invirtió cerca de 46 millones de pesos en cambiarlo con el ‘poderoso’ argumento de que “un porcentaje de reconocimiento del logo de 55% demostró la necesidad de crear una imagen corporativa de mayor recordación, pues al menos la mitad de los pereiranos desconocen la imagen institucional de su empresa de acueducto y alcantarillado”, justificación risible teniendo en cuenta que cada mes nos acordamos de la empresa al pagar la factura del servicio. Los contratistas también fueron elegidos a dedo por cuanto “la empresa encontró que si bien [la ciudad] cuenta con importantes empresas de diseño gráfico, no existen agencias de publicidad con el reconocimiento y el know how que garantizaran no solamente un resultado satisfactorio, sino que le dieran mayor respaldo al nuevo logo”, una verdadera pieza magistral en materia de contratación estatal.
Inversiones por más de 1.650 millones de pesos sin ninguna retribución para la ciudad es el resultado de los tres contratos denunciados. La imagen corporativa de una empresa estatal no la posiciona un logo o el patrocinio de un equipo, la fortalece el manejo eficaz y decoroso de los recursos públicos, exigencia distante de la realidad que hoy vive Aguas y Aguas.
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CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
Si en gracia de discusión se acepta que Irma Noreña, gerente de Aguas y Aguas, podía realizar toda la contratación de la empresa sin seguir un procedimiento que garantizara la selección pública de los contratistas, aún se debe cuestionar la decisión de invertir en objetos innecesarios que dilapidaron cuantiosos recursos. Tres ejemplos dan cuenta de lo dicho. El primero es el contrato suscrito con el Club Deportivo Pereira S.A. para el “desarrollo de la imagen corporativa mediante el patrocinio oficial del equipo por parte de la empresa en el campeonato nacional de fútbol liga Postobón del segundo semestre” por valor de 600 millones de pesos y por un tiempo de 5 meses. Infortunadamente para la afición y para la señora Noreña, ni el equipo dio el resultado esperado con el apoyo oficial, ni la imagen de la empresa se ‘desarrolló’ con la pobre campaña del onceno matecaña.
En segundo lugar tenemos el contrato suscrito con Fenalco Seccional Risaralda para la realización del evento denominado Expoagua, un congreso internacional donde se debatieron temas relativos al vital líquido. Se discute si estos eventos académicos deben ser financiados totalmente por una empresa de servicios públicos o por las universidades o sociedades que realizan investigaciones o desarrollo de productos relacionados con la gestión del agua, sin embargo, si decidimos dar el beneficio de la duda a Irma Noreña por la financiación del evento, no debe pasar lo mismo con la forma de adjudicación ni con algunos puntos relacionados con su administración. Como es habitual, el contratista fue elegido a dedo pese al cuantioso valor del evento: 1.000 millones de pesos, también se contrató con una organización cuyo objeto social, aunque incluye la actividad de organización de congresos, realmente no es su principal fortaleza a diferencia de otras empresas dedicadas exclusivamente a estos temas. De igual manera ciertos gastos resultaron exorbitantes para un acto de 3 días (11, 12 y 13 de agosto de 2010) como la campaña de expectativa con un costo de 30 millones, el pago de un maestro de ceremonias que por 3 días de trabajo recibió $2’454.000 m/cte, arreglos florales por valor de $4’500.000 m/cte, ‘souvenirs’ y atención al personal VIP (Very Important Person) por $1`600.000 m/cte, estación de tintos y alimentación por $13’786.000 m/cte, entre otros. ¿Qué quedó para la empresa y los pereiranos con Expoagua?
Por último, tenemos los contratos para el cambio de logo. Pese a ser un monopolio en la prestación del servicio de agua potable en la ciudad que no necesita un nuevo logo para mantener la fidelidad de los usuarios, Irma Noreña invirtió cerca de 46 millones de pesos en cambiarlo con el ‘poderoso’ argumento de que “un porcentaje de reconocimiento del logo de 55% demostró la necesidad de crear una imagen corporativa de mayor recordación, pues al menos la mitad de los pereiranos desconocen la imagen institucional de su empresa de acueducto y alcantarillado”, justificación risible teniendo en cuenta que cada mes nos acordamos de la empresa al pagar la factura del servicio. Los contratistas también fueron elegidos a dedo por cuanto “la empresa encontró que si bien [la ciudad] cuenta con importantes empresas de diseño gráfico, no existen agencias de publicidad con el reconocimiento y el know how que garantizaran no solamente un resultado satisfactorio, sino que le dieran mayor respaldo al nuevo logo”, una verdadera pieza magistral en materia de contratación estatal.
Inversiones por más de 1.650 millones de pesos sin ninguna retribución para la ciudad es el resultado de los tres contratos denunciados. La imagen corporativa de una empresa estatal no la posiciona un logo o el patrocinio de un equipo, la fortalece el manejo eficaz y decoroso de los recursos públicos, exigencia distante de la realidad que hoy vive Aguas y Aguas.
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