Columna publicada el 23 de abril en el periódico La Tarde

El anillo de Israel (primera entrega: comenzando por el final)
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO

Uno de los proyectos bandera de la administración actual es la construcción de una obra vial denominada “Anillo Longitudinal”. El proyecto se encuentra ubicado en el costado sur-occidental de la ciudad y busca aliviar el flujo vehicular presentado en la Avenida de las Américas, el cual se incrementó en forma significativa desde que comenzó a operar el Sistema Integrado de Transporte Masivo por la Avenida 30 de Agosto. Aunque la obra es necesaria para mejorar la movilidad del sector, se discute la actuación de la administración en el proceso contractual por cuanto se vulneraron normas superiores que regulan la contratación pública generando, de contera, la amenaza de un probable sobrecosto, así como de un posible incumplimiento por parte del contratista en los tiempos inicialmente contemplados para la terminación de la vía. Veamos.

El 30 de diciembre de 2009 fue adjudicada, por licitación pública, la construcción de cada uno de los tramos que constituyen el ‘Anillo longitudinal’: Sector Torreón, Sector Niza y Sector Torres de Alcántara, por un valor total de $ 9.386.324.665 m/cte, precio estimado con base en los estudios y diseños elaborados por la firma SIETE LTDA en el 2009. En documento titulado “ESTUDIOS PREVIOS PROCESO No. 94” la Secretaría de Infraestructura del municipio estableció las disposiciones que sirvieron de base para la elaboración del prepliego de condiciones publicado por la mencionada Secretaría el 14 de octubre de 2009 en el Portal Único de Contratación Pública (www.contratos.gov.co) entre otras, vale la pena resaltar un cuadro que presenta la “estimación, tipificación y asignación de los riesgos que pueden afectar la ejecución del contrato”. Entre los riesgos detallados se encuentra uno denominado “entrega tardía de predios”, el cual dispone que el municipio debe asumir, en un 100%, los perjuicios generados al contratista si no ha negociado todos los predios necesarios para levantar la vía.

La lógica del ‘Estudio previo’ apuntaba a que antes de entrar a licitar la construcción del ‘Anillo longitudinal’ el municipio debía adquirir las fajas de terreno por donde el proyecto estaba trazado, sin embargo, la lógica no es una forma de razonamiento propia de la administración de Israel Londoño, por lo cual se comenzó por el final, es decir, primero se licitó la construcción y luego se inició el trámite de negociación de los predios con sus propietarios. Lo anterior produjo una violación evidente de los principios generales de la contratación pública consagrados en la Ley 80 de 1993 y, por consiguiente, se afectaron los cronogramas para la ejecución de las obras y el equilibrio económico del contrato.

Como lo certifica la Secretaría Jurídica del municipio en oficio fechado el 9 de abril de 2010, apenas se están realizando concertaciones con los propietarios de los inmuebles afectados por los tramos a construir, y la declaratoria de condiciones de urgencia para autorizar una posible expropiación por vía administrativa en caso de que no se lleguen a acuerdos, apenas se encuentra en estudio en el Concejo municipal, único organismo que puede facultar al alcalde en estos casos.

La imprevisión de la Secretaría de Infraestructura y la ausencia de controles legales por parte de la Secretaría Jurídica del municipio al proceso contractual comentado generará, seguramente, millonarios sobrecostos en el ‘Anillo longitudinal’ que terminaremos pagando todos los pereiranos. Esta es otra muestra de la mentada ‘cultura de la legalidad’ de Israel Londoño.