Columna publicada el 30 de abril de 2010 en el periódico La Tarde (CLICK EN LAS IMÁGENES PARA AMPLIAR)

El anillo de Israel (segunda entrega: la cultura de la ilegalidad)
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO

En la columna anterior denuncié la negligencia administrativa del municipio de Pereira en el proceso contractual para la construcción del ‘Anillo longitudinal’ por cuanto se adjudicó la obra sin tener comprados los predios por donde ésta se ubicará, lo anterior tiene en suspensión el tramo 2 (Sector Niza), produciendo la amenaza de un sobrecosto por el incumplimiento del cronograma de ejecución. Siguiendo con las anomalías administrativas que enmarañan este proyecto, hoy presentamos otro ejemplo de la forma en que el señor Israel Londoño entiende la ‘Cultura de la legalidad’ que tanto pregona.
La naturaleza de la obra, las características biofísicas de los terrenos y la necesidad de aprovechar recursos naturales (vegetación, aire, agua, etc.) para la construcción de la vía, exigen la obtención de permisos ambientales. La Ley 1333 de 2009 (Régimen sancionatorio administrativo en materia ambiental) establece en su artículo 39 que la autoridad competente (Corporaciones Autónomas Regionales) debe ordenar la suspensión de un proyecto, obra o actividad cuando se ha iniciado sin contar con las respectivas autorizaciones de carácter ambiental, tal disposición deja en claro que su obtención es un requisito previo e indispensable para ejercer los derechos consagrados en otros permisos (v.gr. licencia de construcción).
Como se puede comprobar al visitar el tramo 3 (Torres de Alcántara) del ‘Anillo longitudinal’, las obras ya iniciaron desde hace algunas semanas, pese a que, como lo certifica la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, el municipio aún no cuenta con los permisos exigidos por la normatividad ambiental. Al respecto, la CARDER señala que en noviembre 10 de 2009 la alcaldía solicitó las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales demandados, sin embargo, desde el 24 de febrero de 2010 la autoridad ambiental ha requerido, sin éxito, dos veces al alcalde (no especifica si a Soto o a Castillo) para complementar la información necesaria para el trámite de tales requerimientos. El resultado, entonces, es el típico de esta administración: pasarse por la faja las exigencias de orden legal por considerar que la gestión municipal está por encima de ellas, o de cualquier tipo de control.
Si el desempleo, la corrupción en entidades públicas como Aguas y Aguas, el infarto en la movilidad vial, la contratación al menudeo en la alcaldía, la multimillonaria exigencia de CISE por la terminación unilateral de la recaudación de impuestos, los costosos e inútiles viajes al exterior, la mediocridad en el ejercicio del control político por parte del Concejo municipal no han sido motivos de preocupación para Israel, menos desvelo le causará que el patrimonio ecológico local sea tratado como plato de segunda mesa.