Columna publicada el 02 de julio de 2010 en el periódico La Tarde

Una respuesta vergonzosa
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO

Tres meses después de que el alcalde afirmara en el Concejo de Pereira que había conocido de un presunto delito de defraudación de fluidos de energía, se le solicitó información sobre el cumplimiento de su deber legal de denuncia ante la autoridad respectiva. La respuesta ofrecida por la Secretaría Jurídica del municipio, aparte de ser una burla al control ciudadano, da cuenta de la mediocridad en el actuar de esta administración y reafirma la configuración del tipo penal denominado ‘abuso de autoridad por omisión de denuncia’ en que presuntamente incurrió el señor Londoño. Aunque del oficio puede desprenderse un ‘Tratado de picaresca jurídica’, por razones de espacio solamente me referiré a dos puntos específicos.

La respuesta menciona lo siguiente: “ (…) consideramos que si alguien está llamado a adelantar algún tipo de acción de carácter civil o penal es precisamente la entidad que se encuentra perjudicada con casos como el hecho ilustrativo mencionado, lo cual no debe entenderse como omisión en un deber ciudadano sino que el hecho que se mencione algún caso en el que presumiblemente se haya incurrido en un delito o contravención necesariamente no obliga per se a quien lo cita, sea funcionario o no, para formular queja o denuncia. Pues si ello fuera así, todos estaríamos frente a la misma situación de ser investigados por traer a colación hechos de la vida cotidiana presumiblemente irregulares.”

En primer lugar se exime al alcalde de su responsabilidad de denunciar un presunto tipo penal, al sostener que es la entidad perjudicada la que debe iniciar las acciones judiciales respectivas, el inicuo argumento no da cuenta de que el señor Londoño tiene interés directo en la Empresa de Energía de Pereira, él es la cabeza principal del 51% de las acciones del municipio en dicha empresa y tiene asiento en su Junta Directiva, por lo cual –siguiendo el razonamiento citado- sí estaba en la obligación de denunciar el caso revelado públicamente en el Concejo.

Por otro lado, la labor de denuncia por parte de los servidores públicos de actos que pueden transgredir el ordenamiento jurídico o que ponen en riesgo al erario, no puede entenderse como un asunto discrecional en el cual el funcionario decide si pone o no en conocimiento de la autoridad competente un comportamiento presuntamente punible, la ley no supedita el deber de denuncia al estado de ánimo, o a la existencia de un mínimo de valentía en la persona que conoce el hecho, tal cometido es una obligación legal cuyo incumplimiento está tipificado como delito.

Ahora bien, si en gracia de discusión se acepta la afirmación de que el alcalde Londoño no estaba obligado a denunciar el hecho expuesto en el Concejo el pasado 31 de marzo, entonces estamos en presencia de un hombre cobarde y mentiroso, lo primero por el miedo que le infunde el enfrentarse con la autoridad competente para pedir una investigación penal y lo segundo por cuanto Israel ha difundido la falaz idea de que su gestión es la abanderada de la cultura de la legalidad, estrategia publicitaria ahora develada como un artificio encaminado a crear la percepción de que la suya es una administración que cumple a cabalidad con las disposiciones normativas, aún cuando los hechos la desacrediten públicamente. Un falso Javert apegado al engaño y no a la ley.