El Centro Comercial de Juan Manuel
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
Finalizando la segunda administración de Juan Manuel Arango Vélez, el municipio de Pereira realizó una serie de inversiones en el denominado Centro Comercial La 13 que le llevaron a dilapidar cerca de 2.200 millones de pesos, dineros supuestamente dirigidos a la reubicación de vendedores informales del centro de la ciudad. Las distintas actuaciones del ex alcalde y de los funcionarios que tuvieron parte en el proceso, dan cuenta de improvisación y negligencia en el manejo de recursos públicos que, como bien lo menciona la Contraloría municipal en respuesta a una denuncia instaurada por el ingeniero Crosthwaite y por el suscrito, terminaron con varios hallazgos con incidencias disciplinaria y penal. Veamos.
Mediante Escritura Pública No. 2714 de 2007, expedida en la Notaría 5ª del Círculo de Pereira, el señor Juan Manuel Arango vendió, por $ 339 millones, un inmueble de 1.214 m2 ubicado en la calle 13 con carrera 11 a la organización FEDEBAZARES. En la compraventa se pactó la cancelación de los dineros en un plazo de 17 años con la condición que se constituyera hipoteca de primer grado a nombre del municipio, adicionalmente, la alcaldía le transfirió cerca de 2.123 millones de pesos por concepto de microcréditos otorgados a cerca de 257 vendedores informales, con el fin de construir el centro comercial y escriturar cada uno de los locales a los beneficiarios de los préstamos. FEDEBAZARES contrató, con personas señaladas por la administración municipal como la abogada Zoraida Muñetón, varios objetos como la elaboración de escrituras de los locales y la entrega del reglamento de propiedad horizontal por 322 millones de pesos; pasados dos años la abogada Muñetón no ha cumplido -a cabalidad- con las cláusulas del contrato. FEDEBAZARES también pactó la construcción de la edificación del Centro Comercial La 13 por un valor de $ 1.060 millones, pese a que en su objeto social registrado en la Cámara de Comercio no figura tal actividad. También se destaca el contrato de suministro de papelería y servicios de impresión por un costo de $ 7 millones suscrito con una persona natural que no ejercía esa labor comercial (registró ante la DIAN su actividad económica dos días antes de que le pagaran). Para terminar, el municipio no ha recuperado un solo peso de los dineros entregados en calidad de préstamo.
La administración de Arango Vélez también fue negligente en comprobar que los beneficiarios de los microcréditos fuesen verdaderamente vendedores informales. Como bien lo certifica la Contraloría Municipal en un reciente informe, varios adjudicatarios no tiene la condición de informales, como el caso del abogado Danilo López quien figura como adjudicatario del local 2-138, o la ocupación del local 1-022 realizada por Rigoberto Rodríguez, funcionario de la Gobernación y juez de paz de la comuna centro.
Otras irregularidades fueron confirmadas por parte de la Contraloría Municipal, la cual remitió a la Procuraduría Provincial y a la Fiscalía General de la Nación copia de los hallazgos encontrados para iniciar las respectivas investigaciones de carácter disciplinario y penal. Y ¿qué dice Juan Manuel Arango sobre todo esto? Seguramente hará una promesa de campaña: Si resulta elegido pagará, de su bolsillo, los más de 2.200 millones de pesos que perdimos los pereiranos con la construcción del centro comercial bandera de su administración.
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