El dedo millonario (primera entrega: la tubería)
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
Entre el 01 de julio y el 30 de noviembre de 2010, Aguas y Aguas de Pereira suscribió cerca de 150 contratos por $7 mil millones aproximadamente, de los cuales 134 fueron adjudicados por la modalidad directa y 17 por invitación privada. La licitación pública, constituida como regla general de los procedimientos de selección de contratistas en el ordenamiento jurídico colombiano, pasó a ser una modalidad completamente excepcional y de aplicación restrictiva en la administración de Irma Noreña y, por el contrario, el ‘dedo’ de la gerente se convirtió en el mecanismo por excelencia para la selección de contratistas.
La justificación del proceder de la señora Noreña –respaldada por el alcalde de Pereira y el contralor municipal- a primera vista parece razonable: las adjudicaciones directas no violan la ley. No obstante, un análisis detallado de algunos contratos permite demostrar que el régimen de selección de contratistas seguido actualmente por Aguas y Aguas, ha degenerado en la violación de principios constitucionales y legales propios de la función pública, como lo son los principios de economía y transparencia. Veamos.
A través del contrato de suministro No 171-10, la firma Roberto Salazar y Asociados se comprometió a entregar a Aguas y Aguas 4.891 metros de tubería Novafort y Novaloc (productos PAVCO) de distinto diámetro y 65 unidades de uniones, por un valor total de $743.557.309 m/cte. Si el procedimiento de selección del contratista para la adquisición de la tubería hubiese sido a través de la licitación pública, Aguas y Aguas se habría beneficiado con una propuesta más favorable, tal afirmación se desprende de la comparación del precio del contrato con una cotización expedida por el Almacén París. Mientras la firma Roberto Salazar y Asociados dio un descuento de cerca del 25% sobre los precios de lista de la tubería de PAVCO, el Almacén París ofreció el 43% con posibilidad de llegar a un 52%. En otras palabras, un descuento del 43% representaría un ahorro de $91.106.470 m/cte para Aguas y Aguas, beneficio frustrado por la modalidad de contratación efectuada con Roberto Salazar y Asociados. En el caso expuesto, la licitación habría garantizado un manejo adecuado de los recursos públicos, una observancia del principio constitucional de economía y, obviamente, un mejor precio para la empresa municipal, es decir, un descuento mayor sobre el precio de lista publicado por los fabricantes de tuberías.
Un usuario de acueducto y alcantarillado ubicado en estrato 6, con un consumo promedio de 17 m3 paga, cada mes, un valor cercano a los $80.000 m/cte. Con 91 millones de pesos que Aguas y Aguas dejó de percibir por no abrir una licitación pública en el tema de las tuberías, se podían haber cancelado las facturas de 1.137 usuarios de ese estrato.
La obstinación de la señora María Irma Noreña en mantener un régimen de contratación basado en el arbitrario movimiento de su dedo, lleva a generar sobrecostos en los objetos demandados por la empresa a su cargo, dineros que no salen de su cartera, sino de los bolsillos de todos los pereiranos.
***
Mayor información en la página www.carlosecheverry.com, o en mi blog www.opinioncarlos.blogspot.com, o en Facebook buscando el perfil de Carlos Andrés Echeverry Restrepo.
jueves, 16 de diciembre de 2010
jueves, 9 de diciembre de 2010
Columna publicada el 10 de dciembre de 2010 en el periódico La Tarde
Mogadores
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
Mediante Resolución 2053 del 16 de junio de 2009, los señores Jairo Ordilio Torres y John Diego Molina, Secretarios de Planeación y de Gobierno respectivamente, dieron viabilidad técnica al uso temporal del espacio público con los llamados mogadores (estructuras metálicas que se fijan al piso para ubicar en ellas avisos o carteles publicitarios). El beneficiario de la autorización fue el señor Carlos Alberto Rodríguez, propietario del establecimiento comercial denominado PARE PUBLICIDAD. La Resolución permite la instalación de 32 mogadores en diferentes lugares y, al tiempo, los niega en 13 sitios que se encuentran dentro de un rango de 200 metros de distancia al Edificio Departamental de Rentas (declarado Monumento Nacional a través del Decreto 1896 de 1993). No obstante, PARE PUBLICIDAD instaló 5 mogadores en la zona prohibida (Calle 16 Plaza Victoria, Calle 17 con carreras 11 y 12, carrera 10 entre calles 17 y 16, Calle 18 centro comercial Victoria en los 2 accesos peatonales) violando así la Resolución 2053 de 2009 y la Ley 140 de 1994 que expresamente consagra la prohibición de ubicar publicidad exterior visual “Dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos nacionales”.
Igualmente, el Acuerdo 78 de 2008 (Reglamento de aprovechamiento económico del espacio público) niega la posibilidad de situar mogadores en los frentes de predios de interés histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad, sin embargo, el municipio autorizó la instalación de estos elementos frente a inmuebles declarados como tales por el Plan de Ordenamiento Territorial, es así como vemos 10 mogadores en la Plaza de Bolívar, uno en el Parque El Lago y otro enseguida de la carrera 7 con calle 23 esquina. También se dispusieron en tres sitios no incluidos en la Resolución 2053 de 2009 a saber: Calle 16 con carrera 13 bis, carrera 8 con calle 16 y carrera 8 con calle 15. Adicionalmente, PARE PUBLICIDAD incumplió el mandato, contenido en el Acuerdo 78 de 2008, de destinar el 20% de una de las caras del mogador para ubicar mensajes cívicos y/o institucionales. Ante el incumplimiento señalado, la respuesta de Control Físico ha sido contundente: ninguna actuación para sancionar a PARE.
Si a los 32 mogadores autorizados por la Resolución 2053 de 2009 le sumamos los 5 ubicados en sitios prohibidos, más 10 de la Plaza de Bolívar, más 3 que no se encuentran autorizados en el acto administrativo expedido por las Secretarías de Planeación y Gobierno, tendríamos un total de 51. Según cotización suministrada por PARE PUBLICIDAD, ubicar 1 cartel en cada una de las dos caras del mogador tiene un costo de $600.000 m/cte (sin IVA) lo cual le da una ganancia anual cercana a los 734 millones de pesos. Lo amargo del asunto es que por este ‘aprovechamiento del espacio público’ el municipio recibe cerca de 50 millones de pesos al año, mientras Carlos Alberto Rodríguez tiene ganancias netas de 684 millones en el mismo período.
Mención aparte merece la ocupación hecha frente a la antigua estación de ferrocarril -declarada como patrimonio arquitectónico local- con 10 vallas publicitarias; pese a que el Acuerdo 078 de 2008 lo prohíbe, el municipio lo consiente con total desfachatez. Con toda razón al alcalde ya se le conoce como “La Niña’: inundó a la ciudad con mogadores y vallas.
***
Mayor información en mi blog www.opinioncarlos.blogspot.com y en Facebook buscando el perfil de Carlos Andrés Echeverry Restrepo.
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
Mediante Resolución 2053 del 16 de junio de 2009, los señores Jairo Ordilio Torres y John Diego Molina, Secretarios de Planeación y de Gobierno respectivamente, dieron viabilidad técnica al uso temporal del espacio público con los llamados mogadores (estructuras metálicas que se fijan al piso para ubicar en ellas avisos o carteles publicitarios). El beneficiario de la autorización fue el señor Carlos Alberto Rodríguez, propietario del establecimiento comercial denominado PARE PUBLICIDAD. La Resolución permite la instalación de 32 mogadores en diferentes lugares y, al tiempo, los niega en 13 sitios que se encuentran dentro de un rango de 200 metros de distancia al Edificio Departamental de Rentas (declarado Monumento Nacional a través del Decreto 1896 de 1993). No obstante, PARE PUBLICIDAD instaló 5 mogadores en la zona prohibida (Calle 16 Plaza Victoria, Calle 17 con carreras 11 y 12, carrera 10 entre calles 17 y 16, Calle 18 centro comercial Victoria en los 2 accesos peatonales) violando así la Resolución 2053 de 2009 y la Ley 140 de 1994 que expresamente consagra la prohibición de ubicar publicidad exterior visual “Dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos nacionales”.
Igualmente, el Acuerdo 78 de 2008 (Reglamento de aprovechamiento económico del espacio público) niega la posibilidad de situar mogadores en los frentes de predios de interés histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad, sin embargo, el municipio autorizó la instalación de estos elementos frente a inmuebles declarados como tales por el Plan de Ordenamiento Territorial, es así como vemos 10 mogadores en la Plaza de Bolívar, uno en el Parque El Lago y otro enseguida de la carrera 7 con calle 23 esquina. También se dispusieron en tres sitios no incluidos en la Resolución 2053 de 2009 a saber: Calle 16 con carrera 13 bis, carrera 8 con calle 16 y carrera 8 con calle 15. Adicionalmente, PARE PUBLICIDAD incumplió el mandato, contenido en el Acuerdo 78 de 2008, de destinar el 20% de una de las caras del mogador para ubicar mensajes cívicos y/o institucionales. Ante el incumplimiento señalado, la respuesta de Control Físico ha sido contundente: ninguna actuación para sancionar a PARE.
Si a los 32 mogadores autorizados por la Resolución 2053 de 2009 le sumamos los 5 ubicados en sitios prohibidos, más 10 de la Plaza de Bolívar, más 3 que no se encuentran autorizados en el acto administrativo expedido por las Secretarías de Planeación y Gobierno, tendríamos un total de 51. Según cotización suministrada por PARE PUBLICIDAD, ubicar 1 cartel en cada una de las dos caras del mogador tiene un costo de $600.000 m/cte (sin IVA) lo cual le da una ganancia anual cercana a los 734 millones de pesos. Lo amargo del asunto es que por este ‘aprovechamiento del espacio público’ el municipio recibe cerca de 50 millones de pesos al año, mientras Carlos Alberto Rodríguez tiene ganancias netas de 684 millones en el mismo período.
Mención aparte merece la ocupación hecha frente a la antigua estación de ferrocarril -declarada como patrimonio arquitectónico local- con 10 vallas publicitarias; pese a que el Acuerdo 078 de 2008 lo prohíbe, el municipio lo consiente con total desfachatez. Con toda razón al alcalde ya se le conoce como “La Niña’: inundó a la ciudad con mogadores y vallas.
***
Mayor información en mi blog www.opinioncarlos.blogspot.com y en Facebook buscando el perfil de Carlos Andrés Echeverry Restrepo.
jueves, 2 de diciembre de 2010
Columna publicada el 03 de diciembre de 2010 en el periódico La Tarde
El Centro Comercial de Juan Manuel
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
Finalizando la segunda administración de Juan Manuel Arango Vélez, el municipio de Pereira realizó una serie de inversiones en el denominado Centro Comercial La 13 que le llevaron a dilapidar cerca de 2.200 millones de pesos, dineros supuestamente dirigidos a la reubicación de vendedores informales del centro de la ciudad. Las distintas actuaciones del ex alcalde y de los funcionarios que tuvieron parte en el proceso, dan cuenta de improvisación y negligencia en el manejo de recursos públicos que, como bien lo menciona la Contraloría municipal en respuesta a una denuncia instaurada por el ingeniero Crosthwaite y por el suscrito, terminaron con varios hallazgos con incidencias disciplinaria y penal. Veamos.
Mediante Escritura Pública No. 2714 de 2007, expedida en la Notaría 5ª del Círculo de Pereira, el señor Juan Manuel Arango vendió, por $ 339 millones, un inmueble de 1.214 m2 ubicado en la calle 13 con carrera 11 a la organización FEDEBAZARES. En la compraventa se pactó la cancelación de los dineros en un plazo de 17 años con la condición que se constituyera hipoteca de primer grado a nombre del municipio, adicionalmente, la alcaldía le transfirió cerca de 2.123 millones de pesos por concepto de microcréditos otorgados a cerca de 257 vendedores informales, con el fin de construir el centro comercial y escriturar cada uno de los locales a los beneficiarios de los préstamos. FEDEBAZARES contrató, con personas señaladas por la administración municipal como la abogada Zoraida Muñetón, varios objetos como la elaboración de escrituras de los locales y la entrega del reglamento de propiedad horizontal por 322 millones de pesos; pasados dos años la abogada Muñetón no ha cumplido -a cabalidad- con las cláusulas del contrato. FEDEBAZARES también pactó la construcción de la edificación del Centro Comercial La 13 por un valor de $ 1.060 millones, pese a que en su objeto social registrado en la Cámara de Comercio no figura tal actividad. También se destaca el contrato de suministro de papelería y servicios de impresión por un costo de $ 7 millones suscrito con una persona natural que no ejercía esa labor comercial (registró ante la DIAN su actividad económica dos días antes de que le pagaran). Para terminar, el municipio no ha recuperado un solo peso de los dineros entregados en calidad de préstamo.
La administración de Arango Vélez también fue negligente en comprobar que los beneficiarios de los microcréditos fuesen verdaderamente vendedores informales. Como bien lo certifica la Contraloría Municipal en un reciente informe, varios adjudicatarios no tiene la condición de informales, como el caso del abogado Danilo López quien figura como adjudicatario del local 2-138, o la ocupación del local 1-022 realizada por Rigoberto Rodríguez, funcionario de la Gobernación y juez de paz de la comuna centro.
Otras irregularidades fueron confirmadas por parte de la Contraloría Municipal, la cual remitió a la Procuraduría Provincial y a la Fiscalía General de la Nación copia de los hallazgos encontrados para iniciar las respectivas investigaciones de carácter disciplinario y penal. Y ¿qué dice Juan Manuel Arango sobre todo esto? Seguramente hará una promesa de campaña: Si resulta elegido pagará, de su bolsillo, los más de 2.200 millones de pesos que perdimos los pereiranos con la construcción del centro comercial bandera de su administración.
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
Finalizando la segunda administración de Juan Manuel Arango Vélez, el municipio de Pereira realizó una serie de inversiones en el denominado Centro Comercial La 13 que le llevaron a dilapidar cerca de 2.200 millones de pesos, dineros supuestamente dirigidos a la reubicación de vendedores informales del centro de la ciudad. Las distintas actuaciones del ex alcalde y de los funcionarios que tuvieron parte en el proceso, dan cuenta de improvisación y negligencia en el manejo de recursos públicos que, como bien lo menciona la Contraloría municipal en respuesta a una denuncia instaurada por el ingeniero Crosthwaite y por el suscrito, terminaron con varios hallazgos con incidencias disciplinaria y penal. Veamos.
Mediante Escritura Pública No. 2714 de 2007, expedida en la Notaría 5ª del Círculo de Pereira, el señor Juan Manuel Arango vendió, por $ 339 millones, un inmueble de 1.214 m2 ubicado en la calle 13 con carrera 11 a la organización FEDEBAZARES. En la compraventa se pactó la cancelación de los dineros en un plazo de 17 años con la condición que se constituyera hipoteca de primer grado a nombre del municipio, adicionalmente, la alcaldía le transfirió cerca de 2.123 millones de pesos por concepto de microcréditos otorgados a cerca de 257 vendedores informales, con el fin de construir el centro comercial y escriturar cada uno de los locales a los beneficiarios de los préstamos. FEDEBAZARES contrató, con personas señaladas por la administración municipal como la abogada Zoraida Muñetón, varios objetos como la elaboración de escrituras de los locales y la entrega del reglamento de propiedad horizontal por 322 millones de pesos; pasados dos años la abogada Muñetón no ha cumplido -a cabalidad- con las cláusulas del contrato. FEDEBAZARES también pactó la construcción de la edificación del Centro Comercial La 13 por un valor de $ 1.060 millones, pese a que en su objeto social registrado en la Cámara de Comercio no figura tal actividad. También se destaca el contrato de suministro de papelería y servicios de impresión por un costo de $ 7 millones suscrito con una persona natural que no ejercía esa labor comercial (registró ante la DIAN su actividad económica dos días antes de que le pagaran). Para terminar, el municipio no ha recuperado un solo peso de los dineros entregados en calidad de préstamo.
La administración de Arango Vélez también fue negligente en comprobar que los beneficiarios de los microcréditos fuesen verdaderamente vendedores informales. Como bien lo certifica la Contraloría Municipal en un reciente informe, varios adjudicatarios no tiene la condición de informales, como el caso del abogado Danilo López quien figura como adjudicatario del local 2-138, o la ocupación del local 1-022 realizada por Rigoberto Rodríguez, funcionario de la Gobernación y juez de paz de la comuna centro.
Otras irregularidades fueron confirmadas por parte de la Contraloría Municipal, la cual remitió a la Procuraduría Provincial y a la Fiscalía General de la Nación copia de los hallazgos encontrados para iniciar las respectivas investigaciones de carácter disciplinario y penal. Y ¿qué dice Juan Manuel Arango sobre todo esto? Seguramente hará una promesa de campaña: Si resulta elegido pagará, de su bolsillo, los más de 2.200 millones de pesos que perdimos los pereiranos con la construcción del centro comercial bandera de su administración.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)